El Tribunal Supremo se planta: "Quiere una justicia sanchista"

El señalamiento de Pedro Sánchez a los "jueces que hacen política" ha encendido a toda la carrera judicial en la antesala al acto de apertura del año judicial. Aunque en los últimos meses la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial se ha deteriorado hasta el extremo con acusaciones como "fachas con toga" o "prevaricadores", las palabras que pronunció el presidente del Gobierno este lunes han terminado por romper todos los puentes entre los dos poderes. Desde el Tribunal Supremo apuntan que pretende impulsar una "justicia sanchista", mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja ya en una reacción institucional.

Fuentes del alto tribunal consultadas por LA RAZÓN explican que lo verdaderamente grave no son tanto las duras acusaciones que soportan de Moncloa, como la nula reacción que generan. "Lo grave no es lo que pasa, sino que no pase nada. Es un síntoma de gravedad institucional de primer orden", indican. Según precisan, el presidente del Gobierno está siguiendo la senda marcada por países como Venezuela o Bolivia, donde lo primero que hicieron Hugo Chávez y Evo Morales, al llegar al poder fue destituir a los jueces.

"Chávez y Morales crearon la justicia chavista y bolivariana y Sánchez quiere su justicia sanchista. Una Justicia que mire hacia otro lado en todo lo que sea corrupción que afecta a su entorno", precisan las fuentes consultadas. Al respecto, advierten de que el problema para Moncloa no es que haya jueces progresistas o conservadores, sino que lo que se pretende es conseguir "jueces progubernamentales o prosanchistas". "Es a lo que aspira", apuntalan.

"Lanza su amenaza anticipada"

Además, consideran que el ataque de Sánchez a los jueces que llevan procedimientos como el de su mujer o su hermano constituyen un aviso a navegantes. "Es una amenaza anticipada", aseguran. Cabe recordar que el alto tribunal está instruyendo el "caso Koldo" y tiene pendiente abrir juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos; diligencia que se espera para después del acto de apertura del curso judicial de este viernes.

Al respecto, las voces consultadas indican que la inédita acusación de Sánchez en su entrevista en TVE no es "casualidad", sino que se produce intencionadamente en la antesala del acto más importante de la carrera judicial. La ceremonia se celebra, como es habitual, en el Tribunal Supremo y la preside el Rey Felipe VI. Si bien este año todas las miradas estarán puestas en el fiscal general del Estado, ya que intervendrá en el acto con un pie en el banquillo de los acusados y compartiendo escenario con los magistrados de la Sala Segunda que le van a juzgar.

Además, en el Supremo preocupa también la imagen de la Justicia española en Europa. De hecho, lamentan el "impacto" que puede tener en países de nuestro entorno las declaraciones de Pedro Sánchez haciendo referencia a que hay jueces en España que hacen política y que no cumplen con la Ley. "Es gravísimo", apuntalan.

El CGPJ estudia ya una declaración institucional

Por su parte, el CGPJ está estudiando ya una respuesta institucional a las acusaciones de Sánchez. Cabe recordar que antes del Gobierno de Pedro Sánchez las amonestaciones del Consejo a los representantes políticos eran eventuales. Ahora, por el contrario, se suceden con una asiduidad sorprendente. La propia María Isabel Perelló, presidenta de este órgano y del Supremo ha tenido que pedir en varias ocasiones "respeto" a la judicatura. En junio, de hecho, denunció las "presiones intolerables" que sufren en el ejercicio de su cargo.

Ahora el órgano de gobierno de jueces busca dar respuesta a la nueva acusación de "lawfare" de Moncloa. Las fuentes del CGPJ consultadas por este medio precisan que la iniciativa se está promoviendo desde el sector conservador, si bien se espera adhesión de vocales progresistas. A su juicio, el mensaje de Sánchez es "intolerable" y el Consejo tiene que salir en defensa de los togados señalados.

Sánchez aludió a los "jueces" de manera genérica, aunque indirectamente se estaba refiriendo a Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que instruye el "caso Begoña"; y a Beatriz Biedma, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que ha investigado y procesado al hermano del presidente, David Sánchez, por dos delitos de corrupción.

La imagen en Europa

De hecho, Manos Limpias e Iustitia Europa (entes que litigan en ambos procedimientos) pidieron este martes al CGPJ que ampare a los jueces afectados. En concreto, solicitaron protección ante las manifestaciones que vertió el líder del PSOE durante su entrevista y que calificaron de "injerencia grave y perturbación intolerable" en la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, las voces consultadas por este medio ven poco recorrido a esta petición puesto que para que el Consejo actúe tiene que solicitarlo directamente los jueces damnificados.

A estas críticas se suman también las vertidas por tres de las cuatro asociaciones de jueces consultadas por este diario. Tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) tildaron de muy graves las manifestaciones de Pedro Sánchez. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, expuso que el presidente del Ejecutivo desconoce el respeto al Poder Judicial y a los principios básicos de un Estado.

Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, advirtió de la especial gravedad que constituye el hecho de que este cuestionamiento provenga del presidente del Gobierno y Fernando Portillo, presidente de FJI, expuso que era "irresponsable y populista", comparando su discurso con Donald Trump. Solo Juezas y Jueces para la Democracia razonó, en boca de su portavoz Edmundo Rodríguez que se trata de unas declaraciones que no corresponden efectuar al presidente del Gobierno pero que es "indudable que hay una instrumentalización de procedimientos judiciales por razones partidistas.