Grezzi admite que la empleada de la EMT firmaba órdenes pese a estar de baja

El PP pide a Inspección de Trabajo que investigue esta irregularidad. Los populares se personarán en la causa que investiga el fraude de 4 millones a la empresa pública

El hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia ha sido escenario este jueves de uno de los plenos más tensos de cuantos se han vivido desde que el tripartito accediera al poder. El detonante de la batería de rifirrafes fue el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y el objeto de discusión, su gestión del escándalo provocado por el fraude de más de cuatro millones de euros que ha sufrido la EMT que él preside.

El edil insistía en justificar el protocolo que se seguía (y se saltaron) cuando los estafadores sacaron su botín de las arcas municipales y que el problema, es decir, el pufo, pudo producirse gracias a la negligencia de una empleada y a una desgraciada cadena de errores.

No obstante, en su alegato, al concejal se le escapó alguna extraña circunstancia. Hasta en dos ocasiones reconoció que la trabajadora que estaba en copia de correos enviados por los defraudadores (María Rayón ) aprobó operaciones contables de la empresa mientras estaba de baja laboral.

«La señora Rayón estaba de baja y no tenía por qué estar pendiente del ‘email’. No respondió al ‘mail’, pero continuaba asumiendo la tarea de firmar ‘online’ las transferencias, porque eso está vinculado al DNI. Además, delegó todas las tareas de tesorería a su equipo, pero mantuvo la firma mancomunada para que nadie hiciera ninguna transferencia con sus claves».

La sorprendente revelación llevó al grupo popular municipal a informar a la Inspección de Trabajo sobre esta irregularidades a fin de determinar responsabilidades en el seno del consistorio y a anunciar su personación en la causa que instruye el juzgado de instrucción número 18 de Valencia.

Por esto y por la «falta de transparencia» del gobierno tripartito, la portavoz popular, María José Catalá, propusieron en el pleno que se realice una auditoría de seguridad informática independiente del Ayuntamiento y la EMT para detectar las vulnerabilidades de los sistemas que han posibilitado el fraude y determinar si estas vulnerabilidades han afectado, o pueden afectar, a otros departamentos municipales o entidades del sector público local.

Giuseppe Grezzi mantuvo su discurso y una férrea defensa de que el fallo no provino del sistema, sino de las personas. Contó lo que ya se sabía que los defraudadores contactaron con la jefa de administración por una supuesta OPA de una empresa en China, y esta trabajadora dio información sensible sobre modelos de pago, DNI de los apoderados (el gerente y la jefa de Gestión) y documentación con la firma de los dos, que es información interna de la empresa.

Sin consecuencias políticas

Esta trabajadora realizó labores de intermediación con los bancos, en concreto con Bankia, que no fructificaron y después con CaixaBank, para realizar las transferencias.

Una vez recibidos los modelos de pago falsos en formato PDF, los remitía al banco para que hiciera las transferencias, un método que «no es legal» desde 2016, ya que se acordó con el banco las firmas electrónicas mancomunadas de los superiores de la jefa de Administración.

Y en este punto, el concejal de Movilidad recordó que esa trabajadora no tiene entre sus funciones ordenar pagos, una tarea que está bajo unos procedimientos establecidos en la EMT que «no se han cumplido por parte de personas que están trabajando ahí».

En ningún caso, aseguró, esa trabajadora podía ordenar esos pagos, porque sus funciones son revisar facturas, ordenar los pagos y preparar los documentos para la firma electrónica.

Las consecuencias políticas del fraude no se han producido para desgracia de los grupos de la oposición que reclaman la dimisión de Grezzi y del gerente, Josep Enric García Alemany. Con todo, tendrán la oportunidad de preguntarle sobre este asunto al alcalde, Joan Ribó, durante su comparecencia en el pleno del próximo día 31.

Mientras tanto, el Ayuntamiento investiga, por su parte, qué parte de responsabilidad debería asumir la entidad bancaria que autorizó las transferencias y trata de recuperar los 700.000 euros de la última operación que permanecen bloqueados en la cuenta china. El resto, es decir, las ocho transferencias por importe de 4.040.000 euros a una cuenta de Bank of China en Hong Kong, se dan por perdidas.

Ribó sale, por fin, en defensa de Grezzi

La defensa del alcalde Joan Ribó del que muchos consideran su mano derecha se hizo esperar y solo en el pleno de este jueves se pudo ver un apoyo tácito a la actuación del concejal y de su gestión del escándalo, que calificó de «buena». Además, alabó la rapidez con la que se creó una comisión de investigación sobre el asunto y que, nada más conocerse la estafa, se denunció a la Policía Nacional.