La juez ya ha interrogado a diez testigos en la causa que mantiene preso a Corbín

Los interrogatorios de testigos se han sucedido ininterrumpidamente desde que el pasado día 2 de abril la UCO de la Guardia Civil detuviera al abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, José Corbín, acusado de cobrar comisiones para agilizar la concesión de licencia o la calificación de terrenos.

Han sido ya alrededor de una decena los testigos interrogados y según fuentes conocedoras del caso la investigación avanza con rapidez. De hecho, es probable que el abogado pueda salir de prisión en unas semanas, y aclaran que en ningún caso se va a reproducir una prisión provisional amplia en el tiempo.

También el entramado de las presuntas comisiones que habría cobrado el abogado Corbín es mucho más simple que el de otras operaciones recientes destinadas a ocultar el dinero, según se desprende del avance de ambas investigaciones.

Fuentes de las mismas apuntaron a que los interrogatorios que se han producido entre ayer y el martes no han incluido a empresarios ni a funcionarios del Ayuntamiento. Es ahí precisamente, en el cuerpo funcionarial municipal donde la UCO busca pruebas o testimonios que apuntalen el cobro de comisiones.

Así, no se descarta que en próximas fechas puedan ser citados a declarar por la Guardia Civil algunos funcionarios del Ayuntamiento capitalino, aunque todo dependerá del avance de las investigaciones.

La juez que instruye la causa denominada Azud, envió a prisión a Corbín desde el primer día de su detención acusado de los delitos de falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.

La resolución de la juez se mantuvo ayer en coincidencia total con la petición del Ministerio Fiscal y fue prácticamente automática tras la declaración prestada por el acusado, que comenzó alrededor de las cuatro de la tarde de ayer.

Las sospechas apuntan a que Corbín habría cobrado cantidades importantes en metálico y no se descarta que se podría haber beneficiado de condiciones excepcionales a la hora de optar a la compra de viviendas en determinadas promociones. La UCO le imputa cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La Guardia Civil estaría obteniendo pruebas determinantes tanto en los registros realizados en el domicilio particular del afectado, en su despacho profesional y en el chalet de Xàbia, como en indagaciones realizadas posteriormente.