La oferta de apartamentos supera en un 35 por ciento a la hotelera

La plataforma de alquiler de apartamentos turísticos Airbnb nació como uno de los primeros exponentes de la llamada «economía colaborativa», aquella en la que varios particulares interactúan a través de internet para satisfacer las necesidades comerciales de ambos. Hoy en día, este «sueño» se ha convertido en toda una actividad empresarial que mueve miles de millones de euros en todo el mundo.

Así lo señala la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana (Hosbec) en un informe que estudia la oferta de estos apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia. En el mismo se demuestra que estos alojamientos superan ya en un 35 por ciento a las plazas hoteleras tradicionales y reguladas por la ley.

«El romanticismo de la ‘economía colaborativa’ se acaba en el momento en que se detallan las características de los «anfitriones»: el 72 por ciento de ellos comercializan varias propiedades, lo que denota de nuevo su carácter de actividad empresarial y como tal debe ser regulada y tratada a todos los niveles, tanto administrativos, como fiscales y en materia de seguridad y accesibilidad», indica la patronal en este documento.

Además, se estudian las áreas de la ciudad en la que se ubican dichos alojamientos, un análisis del que se desprende que no solamente se ubican en las áreas más turísticas de la ciudad, sino que se encuentran también en barrios residenciales.

El análisis demuestra, asimismo, la «evolución y la explosión» del fenómeno de esta plataforma en la ciudad de Valencia. Tras el estudio realizado se observa que a finales del año 2015 eran algo más de 1.000 apartamentos los que se comercializaban, una cifra que se ha multiplicado por cuatro en apenas dos años, y las tarifas han ido creciendo hasta superar los 80 euros por noche, según se indica en el estudio.

Esta información se completa con la relativa a las habitaciones privadas que se comercializan con fines turísticos. Su oferta rozó las 1.800 unidades en la temporada alta del año pasado frente a las apenas 600 que existían en 2015, al inicio de este informe.