Los estafadores pretendían robar 11,4 millones a la EMT de Valencia

La trama fue descubierta por el banco antes de llevar a cabo toda la operación, pero logró robar cuatro millones al Ayuntamiento. Los correos siembran dudas sobre el procedimiento del ente público para autorizar pagos a terceros

Una llamada de teléfono impidió que la estafa perpetrada contra la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia no fuera tres veces mayor. La trama, cuyo origen se investiga, tenía la intención de robar 11.447.302,28 millones de euros al ente público, pero solo logró cuatro millones gracias a que la entidad bancaria depositaria, Caixabank, detectó irregularidades en el procedimiento y alertó de ellas. Pero entonces ya se habían realizado ocho transferencias a una cuenta de Hong Kong (China), de las que una de ellas, por un montante que podría rondar los 700.000 euros, están tratando de recuperar; el resto se da por perdido.

Las consecuencias del pufo que saltó el pasado día 27 de septiembre fue el despido fulminante de la que fuera jefa de Administración, Celia Zafra, por «incumplimiento grave y culpable al no custodiar información sensible como las firmas del director gerente» y la creación de un grupo de trabajo (compuesto por todos los partidos con representación en el consistorio) que deberá depurar responsabilidades, al menos las técnicas, porque de momento no ha habido dimisiones.

Y ahí radica el principal problema para esclarecer cómo pudo pasar lo que pasó. El portavoz y vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, insistía hoy en que los sistemas informáticos de la EMT «funcionan correctamente y no han sufrido ningún tipo de intromisión externa» (aporta como prueba un informe de Telefónica) y que la estafa pudo ser llevaba a cabo porque «seguramente alguna trabajadora no tuvo las actuaciones adecuadas».

De este modo se ha pronunciado también en reiteradas ocasiones el concejal de Movilidad Sostenible y presidente del Consejo de administración de la EMT, Giuseppe Grezzi, quien explica siempre que tiene ocasión que para hacer efectivas las transferencias se necesita una firma mancomunada electrónica de los dos apoderados, es decir, del gerente de la empresa, Josep Enric García Alemany, y la responsable del área de Gestión, María Rayón. De hecho, Grezzi ha llegado a culpar a CaixaBank, la entidad financiera con la que trabajan, de lo sucedido.

No obstante, las afirmaciones del concejal contrastan con lo que se recoge en uno de los correos electrónicos que se intercambiaron el falso abogado de Deloitte, el suplantador de Grezzi (ambos pertenecientes a la trama) y la jefa de Administración de la EMT. Así, en un e-mail del pasado 3 de septiembre, Zafra explica al falso abogado que el importe del adelanto asciende a más de 11,4 millones de euros (para la compra de una ficticia compañía china) y a continuación explica el procedimiento que, según ella, se sigue en estos casos.

«Si la factura es inferior a 180.000 euros, bastaría con una firma solidaria de D. Giuseppe Grezzi o D. Josep Enric García Alemany. El pago de una factura que supusiera el 1,57 por ciento (179.722,65 euros) del importe total, solo necesitaría la firma de uno de estos señores. Si fuera superior a 180.000 euros (un 3 por ciento, supondría pagar 343.419,07 euros), serían necesarias dos firmas: las de los señores Grezzi y García Alemany, o la de cualquiera de ellos más las del señor Martínez o la señora Rayón».

Es decir, que según la que fuera jefa de Administración, un jefe de gabinete, como el caso del señor Martínez, podía tener firma en este tipo de contratos.

Los estafadores contaban, además, con la baza del secretismo. De hecho, en una de las comunicaciones que mantuvieron se explicitaba la obligatoriedad de no desvelar detalles de la operación financiera.

En un correo del suplantador de Grezzi dirigido a Zafra se pedía que «para que esta operación sea jurídicamente válida, el abogado insistió en que mantendremos este intercambio electrónico para una mejor trazabilidad hasta el anuncio de la OPA que se realizará el miércoles 18 de septiembre de 2019 en nuestras oficinas centrales con la presencia de toda la Junta Administrativa; y por favor no hagas ninguna ilusión (por “alusión”) sobre este asunto, ya sea oral o telefónicamente, tal y como nos lo impone el procedimiento establecido por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Así las cosas, los grupos de la oposición han pedido explicaciones más convincentes sobre qué es lo que sucedió durante todas las semanas en las que se gestó el gran fraude. La portavoz del Grupo popular en el consistorio capitalino, María José Catalá, ha exigido que sea un secretario del Consistorio el que se encargue de la EMT y que se informe de los saldos mensuales bancarios de la misma durante los últimos años. Considera una «aberración contable y una desidia injustificable» que los máximos responsables de una empresa pública que anualmente recibe casi 70 millones de euros de los presupuestos municipales «no comprobaran los saldos bancarios de la empresa a diario». Mientras, el grupo Ciudadanos (Cs) ha anunciado que exigirá que el Ayuntamiento elabore un informe jurídico municipal sobre el contrato del secretario de la EMT.