El PSOE pide a la Justicia que vuelva a paralizar 22 barrios

En septiembre de 2012, el desarrollo de 135.000 viviendas fue declarado «nulo» por una sentencia del Tribunal Supremo. Un año después y gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Estado, se lograba desbloquear de nuevo los 22 Planes de Actuación Urbanística (PAUS) afectados por la sentencia. Sin embargo, ahora el PSOE amenaza con volver a frenar el futuro de decenas de mal recurrir ante la Justicia el procedimiento para subsanar los errores señalados por el Supremo.

El origen del problema está en el método utilizado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, para desproteger algunos terrenos que habían sido valorados medioambientalmente en el anterior PGOU de 1985. Dicha desprotección fue denunciada por el Partido Socialista y Ecologistas en Acción y, en 2007, el Tribunal Supremo la declaró nula. Posteriormente, el equipo de Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón realizó dos modificaciones con la intención de subsanar los errores formales de la desprotección y, de nuevo, el Alto Tribunal rechazó la forma y bloqueó, en septiembre de 2012, los desarrollos urbanísticos en 21 ámbitos de la ciudad.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, buscó una solución rápida, eficaz y sujeta a derecho para resolver el futuro de las 10.000 familias afectadas directamente y de hasta 135.000 viviendas potenciales que, en algunos casos como en Valdebebas, estaban a punto de obtener la Licencia de Primera Ocupación de sus viviendas. Así, se optó por el método más largo pero más seguro jurídicamente: la revisión parcial del PGOU del 85 y la modificación del Plan General de 1997, realizando todos y cada uno de los trámites necesarios para llevarlas a cabo. Igualmente, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España, y el respaldo de las juntas de compensación y las gestoras de las cooperativas afectadas, redujeron al máximo los tiempos necesarios para cada trámite, de modo que la aprobación definitiva pudiese realizarse en agosto de 2013.

La oposición municipal se declaró en contra, alegando que no había tiempo material para estudiar todos los recursos y, pese a que el PSOE e IU presentaron 42 alegaciones, de las cuales 9 fueron admitidas totalmente y otras diez de forma parcial, tanto éstos como UPyD optaron por votar en contra del trámite y renunciar a su turno de palabra en la aprobación definitiva en julio de 2013.

Ahora el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso contra la posterior aprobación definitiva de la revisión parcial del PGOU del 85 y la modificación del 97 realizada en el Consejo de Gobierno del 1 de agosto de 2013. En dicho recurso, que afecta a barrios como Arroyofresno, Campamento, la Atalayuela Vallecas o Valdecarros, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, y el concejal adscrito a Urbanismo, Marcos Sánz, alegan, entre otras cuestiones, que de nuevo hay defectos de forma en la tramitación para la desprotección de dichos terrenos y, es más, que no hay justificación alguna en dicha desprotección medioambiental pese a que en muchos de ellos ya había iniciadas obras de urbanización y los suelos habían sido adquiridos por cooperativas y sujetos a juntas de compensación. Igualmente, señalan que la intención del Ayuntamiento de Madrid es torcer la voluntad del Tribunal Supremo, y no tanto solucionar el problema a las miles de familias cuyas futuras viviendas pueden volver a declararse ilegales.

Valdebebas, paralizado de nuevo

El recientemente inaugurado PAU del noroeste de la capital, que fue bloqueado en septiembre de 2012 por la sentencia de anulación del Tribunal Supremo, ha vuelto a ver cómo su urbanización se paralizaba. Unos particulares denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la reparcelación de Valdebebas y la Justicia les dio la razón obligando a la Junta de Compensación y al Ayuntamiento a realizar una nueva parcelación económica. Mientras este trámite, que lleva más de seis meses realizar, se lleva a cabo, los demandantes pidieron como medida cautelar la paralización de las licencias de primera ocupación solicitadas, lo que ha afectado a más de 1.200 familias que estaban a punto de estrenar sus nuevas viviendas y que, además, se ven obligadas a pagar unos sobrecostes que están acercando a la ruina a algunas cooperativas.