Temporal
El temporal aviva la guerra política ante la Cañada Real
Los vecinos rechazan la solución temporal ofrecida por el Gobierno de Almeida. Mientras, 1.800 niños viven en casas sin suministro eléctrico estable
La situación de la Cañada Real es crítica. Desde hace meses están sin luz y se les ha venido encima, como a todos los ciudadanos de Madrid, la borrasca Filomena que ha agudizado sus problemas. Pero tampoco es tan sencillo, como debería ser, actuar ante esta situación que saca los colores a cualquiera.Desde hace más de cuatro décadas es un asentamiento chabolista en donde, desgraciadamente, campan a sus anchas narcotraficantes de bajo pelo y el menudeo de drogas. No en todas las casas, pero sí las suficientes, para que sea un territorio sin ley en los sectores cinco y seis. En estas últimas horas todas las autoridades están jugando al Cluedo, echándose la culpa los unos a los otros para salir lo más inmunes posibles. La empresa eléctrica Naturgy negó a través de un comunicado haber cortado el suministro en la Cañada Real y, a través de Mónica Puente, declara que «nosotros los datos que nos facilitan las administraciones competentes es que existen del orden de 1.500 familias o 1.500 edificaciones tanto en el sector cuatro como el sector cinco de la Cañada Real y que solo tienen cuatro conexiones debidamente legalizadas». ¿Y el resto? Pinchar la luz, a lo que hay que sumar presuntas plantaciones de marihuana –que consumen mucha electricidad– mientras el resto de los habitantes pagan las consecuencias. Insisten en que «no se está cortando el suministro, sino que los cortes en la red se producen por sobrecargas en la red debido a elevados consumos no localizados», Según su valoración «es equivalente a diez mil viviendas». Es más, equivaldría «a un hogar con equipamiento siete veces superior al normal en cualquier vivienda española».
En ese sentido, el consejero de Justicia, Enrique López, ha señalado que el problema de los cortes de luz «es un tema sencillo de solucionar». Y se ha preguntado: «Acabando con las plantaciones ilegales que causan esa sobreexplotación de la electricidad». Ha añadido que «debe actuar la Guardia Civil, bajos las órdenes del ministro de Interior y «el que tenga simpatía por las plantaciones ilegales de cannabis que lo diga». También se ha sumado a esta demanda el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. A día de ayer las distintas administraciones públicas se pusieron las pilas, con resultados inciertos, no por ellos sino por la resistencia de los habitantes de la Cañada Real a aceptar las condiciones.
Unos 1.800 niños están en juego en una partida política que ni les va ni les viene. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y secretario general del PSOE de Madrid ha cargado contra las administraciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento al decir que: «De manera gratuita y tan alegremente ofrecen soluciones milagrosas y lo que hacen es criminalizar a parte de habitantes de la Cañada». Isabel Sierra también ha aprovechado la coyuntura para las críticas. Tan ella, como Pablo Iglesias han pedido el despliegue de la UME para activar la actuación en este asentamiento y ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantenerse pasiva ante esta petición.
Mientras, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad estaban ya actuando. El consistorio ha desplegado 500 camas, en dos ubicaciones para atender a las familias más necesitadas. En concreto son la fábrica de muebles, en la misma Cañada Real, el el polideportivo Cerro Almodóvar, con 100 camas más. Se ampliará la capacidad si fuese necesario.
Ante el miedo de los residentes de la Cañada Real de estar reunidos en la pandemia, el consistorio ha anunciado que se realizará un test de antígenos y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, se ha comprometido a aportar el gasóleo para los grupos electrógenos previstos para el dispositivo. Ambos han acordado medidas de «carácter social». Mientras, muchos de los habitantes de la Cañada Real rechazan ese realojamiento, ya que tienen miedo a perder sus casas y que sean el objeto del deseo de «okupas» al desplazamiento de emergencias. La situación se complica entre residentes y autoridades en unas horas en las que arrecia un temporal que no va a dar tregua.
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