Cinco comunidades se levantan contra Sanidad, con Madrid y País Vasco a la cabeza

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid-19 con restricciones al ocio nocturno y a la hostelería y que son de obligado cumplimiento. El texto contó con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, y establece entre otras cuestiones la limitación a la apertura del ocio nocturno hasta máximo las 3:00 horas a las comunidades que estén en nivel de alerta 1 y 2 (aunque en este último caso las regiones deberán tener en cuenta unos indicadores complementarios que muestren una evolución favorable). En este momento, todas las autonomías excepto País Vasco y La Rioja (que están en nivel 3) podrían abrir discotecas y pubs.

La medida ha provocado la reacción de varios gobiernos autonómicos, que la consideran una “imposición” e incluso algunos señalan que podría vulnerar sus competencias. Por ello, varias regiones se plantean llevar esta norma a los tribunales.

Así, el consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha anunciado hoy que recurrirán ante la Audiencia Nacional la orden publicada en el BOE. El consejero ha defendido continuar con las medidas contra la pandemia de la Covid-19 establecidas en la legislación autonómica “que son mejores que las que pretende el Gobierno” de Pedro Sánchez. López sostiene que estos acuerdos son “ilegales” y “una auténtica barbaridad” desde el punto de vista sanitario. “No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego, atacan el sentido común. No puede haber medias más restrictivas en estos momentos que con incidencias que superaban los mil casos por cien mil habitantes en cinco comunidades”, ha indicado.

López ha recordado que las comunidades que han votado a favor de las medidas representan sólo el 30% de la población española, lo que hace el acuerdo “absolutamente desproporcionado”. Además, ha acusado al Gobierno central de “invadir” competencias de las comunidades autónomas. “Es lo que está haciendo. Para que un acuerdo sea obligatorio primero no tiene que tener votos en contra y además no puede vulnerar el reparto competencial que establece la Constitución”, sostiene.

El Gobierno Vasco, que no participó ni en el debate ni la votación de la DAC, también ha mostrado su oposición a las nuevas restricciones, por lo que considera que siguen en vigor sus medidas preventivas que aprobó el pasado lunes. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo el jueves que su ejecutivo “mantendrá su hoja de ruta” en la lucha contra la pandemia porque se ha demostrado “eficaz”.

No obstante, el PSE, socio de gobierno del PNV, ha querido rebajar el tono de confrontación con el Ministerio de Sanidad y considera que el acuerdo aprobado por el Consejo Interterritorial “permite atender las especificidades que se dan en Euskadi y mantener la actividad del sector de la hostelería”.

El PSE-EE defiende que lo publicado en el BOE incluye una “cláusula de contextualización” que permite “atender a las especificidades que se dan en las comunidades autónomas respecto a distintos aspectos relacionados” con las medidas para combatir la covid-19.

El PSE-EE ha señalado que así lo hace la resolución cuando indica que las medidas previstas para los niveles de alerta 1 a 4 “pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica”, según señala el BOE.

“Que el Gobierno de España no cuente con Andalucía para arruinar definitivamente a la hostelería”, así de tajante se ha manifestado el portavoz de la Junta de Andalucía y del PP-A, Elías Bendodo, al manifestado su rechazo a las nuevas restricciones. Además, ha defendido y mostrado su apoyo a un sector que, recuerda, “ha estado muchos meses pasándolo mal” y donde “se están haciendo las cosas bien, están guardando las normas, cumpliendo a rajatabla las sugerencias con respecto a aforos, horarios y distancia. No es de recibo que el Gobierno de España nos venga ahora a decir hay que cerrar”, ha espetado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado en la red social Twitter que el Gobierno central se obceque en aumentar las restricciones, que “tanto daño hacen” a la economía, en un momento en que los indicadores sanitarios se encuentran “a la baja” debido al avance de la vacunación, por lo que ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vuelva al consenso.

Finalmente, Galicia insiste en no aplicar las medidas del Gobierno para la desescalada hasta saber “si son obligatorias”. “La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades autónomas y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas”, ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto celebrado en la mañana de este sábado en Santiago.