Madrid pone en marcha un 112 “Okupación”

El consejero Enrique López ya había anunciado que adoptarían una medida “eficaz” contra este fenómeno delictivo, porque “no les gusta tomar medidas cosméticas”

Uno de los balcones del edificio "okupado" "La Ingobernable", en la calle de la Cruz de Madrid
Uno de los balcones del edificio "okupado" "La Ingobernable", en la calle de la Cruz de MadridJesús Hellín Europa Press

La Comunidad de Madrid abrirá en los próximos meses la oficina Madrid 112 Antiokupación para ayudar a combatir el fenómeno de la usurpación de viviendas y además facilitará pisos sociales a las víctimas de estos delitos.

El pasado mes de septiembre, tras varios casos muy mediáticos de “okupaciones” y de vecinos de urbanizaciones manifestándose contra la presencia de familias que habían entrado a viviendas cercanas que no eran suyas, la Comunidad de Madrid anunció la creación del teléfono regional ’112 Okupación’.

Según explicó entonces el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, se trataría de una medida “eficaz” contra este fenómeno delictivo porque “no les gusta tomar medidas cosméticas”. “Tendrá un equipo de expertos en seguridad y vivienda que van a asesorar a la víctima que llame y va a coordinar de forma inmediata al estar ubicada en el Centro 112 una respuesta policial, de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales”, detalló.

El PP la incorporó en su programa electoral del 4 de mayo. Concretamente, la medida 408 del programa de Ayuso promete que desarrollarán y ejecutarán el Plan Integral de 112 Okupación, con la creación de una oficina coordinada con los ayuntamientos que contará con un teléfono 900 gratuito “que ofrezca respuestas a los madrileños que sufran esta lacra o que tengan noticias de que se está produciendo la usurpación de un inmuebles”.

Las llamadas que se reciben al respecto pondrán en funcionamiento a las Policías Locales, Guardia Civil, Ayuntamientos, Fiscalía o a la Delegación del Gobierno. Además de estas consultas, estarán en disposición de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y Fuerzas de Seguridad.

“Vamos a ser un aliado frente a un delito que nos parece muy grave y que está generando una enorme preocupación a la ciudadanía. Queremos contribuir a la lucha contra la okupación ilegal de inmuebles”, rezaba el programa del PP.

Ahora, tras las gestiones llevadas a cabo con los ayuntamientos están más cerca en abrir esta oficina antes de terminar el verano. Para ello los técnicos del 112 encargados tendrán que formarse a través de un centro de coordinación municipal creado en ese organismo.

Por otro lado, la Comunidad ha firmado un acuerdo con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España para crear una aplicación que permitir a los agentes locales conocer ‘online’ de forma más rápida que hasta ahora la información real sobre la propiedad de los inmuebles. También se ha impartido formación al respecto.

Pisos sociales temporales para los afectados

Esta actuación irá acompañada de otra medida pionera, aprobada en plena campaña electoral por el Gobierno regional, que sería la de ofrecer temporalmente viviendas sociales a víctimas de la okupación hasta que recuperen su inmueble, tal y como recoge la Orden 183/2021, de 21 de abril, de la Consejería de Vivienda y Administración Local publicada días después en el Boletín Oficial de la Comunidad.

“Con la finalidad de minimizar el impacto que tales ocupaciones suponen para los titulares de las viviendas afectadas cuando estos se han visto privados de su residencia habitual sin otra solución habitacional, la Consejería de Vivienda promueve facilitar solución de alojamiento a los mismos mientras dure dicha ocupación”, señala el Boletín, incluyendo esta causa como un requisito más dentro del procedimiento de adjudicación de vivienda por emergencia social, “al encontrarse los afectados en situación de grave dificultad habitacional, en la que se haga necesaria la intervención pública en orden a procurar solución de alojamiento”.

Para ser beneficiario de esa medida, el afectado tendrá que acreditar que ha vivido allí en el último año y disponer de pleno dominio sobre la vivienda, interponer una denuncia por lo ocurrido, no disponer de otra vivienda en España y unos ingresos familiares anuales máximos de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los técnicos regionales evaluarán y comprobarán el caso.

Las cifras

También a finales de abril la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid anunció la creación de un organismo similar para combatir estos delitos, algo que también se recoge en el pacto de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos para “proteger la propiedad privada de los vecinos” y aportarles “información, certidumbre, seguridad jurídica y asesoramiento”.

“Las personas afectadas por una okupación podrán conocer cuáles son los procedimientos, cómo contactar con cuerpos de seguridad... cuáles son las medidas que se están llevan desde el área, y asesoramiento por canal telefónico 010 y canal telemático de la web municipal”, indicó en ese momento la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Por su parte, la tercera Administración en cuestión, el Gobierno de España considera que el problema de la okupación no es tan importante hoy en día en Madrid. Hace unos días, en los Desayunos Madrid de Europa Press, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, señaló que las okupaciones de viviendas en la capital han caído un 70% en lo que llevamos de este año respecto al mismo periodo de 2019, con 486 viviendas usurpadas, 235 recuperadas y 103 con lanzamiento judicial.

“2020 fue un año atípico. Existe un problema de okupación, pero tampoco tan alarmante como quieren hacer ver desde algunas fuerzas políticas. He dado las cifras reales frente a una campañas que se ha hecho alarmista”, indicó González, aludiendo también a la ayuda para tajar este problema con las instrucciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Estado respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.