Madrid retirará ayudas a entidades que acosan a mujeres en clínicas de abortos

Alrededor de 8.000 mujeres han sido “acosadas” a las puertas de las clínicas abortistas de la capital desde 2010, año que se aprobó la vigente Ley del Aborto. Estos son los datos que parten de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazo (ACAI) y compartidos por Más Madrid. El partido liderado por Rita Maestre ha presentado en el Pleno de hoy una propuesta para retirar las subvenciones a las entidades que realizan “escraches” a las mujeres que “ejercen su derecho a abortar”. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor del grupo mixto (Recupera Madrid), PSOE y Cs, que ha introducido una enmienda para preservar la “objeción de conciencia de los médico” a la hora de practicar el aborto. Por su parte, PP y Vox han votado en contra.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha reclamado “el derecho a la libre circulación en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo y la retirada de las subvenciones públicas a entidades que participen del acoso a las mujeres, tanto en el ámbito de las clínicas como elaborando y difundiendo información falsa sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. “Es una vergüenza para una ciudad abierta como es Madrid”, ha lamentado la edil, que ha calificado a estas entidades como “grupos antiderechos”.

Por parte de Vox, Arantxa Cabello ha negado que el aborto sea un derecho y lo ha calificado de “desgracia”, fruto de una “ley aberrante” que derogarían de llegar al Gobierno. Cabello ha instado a que se aplique el Código Penal “y que denuncie si alguien es acosado” pero que no se debe castigar “a quien no piense igual”. Además, ha señalado que no existe ninguna mujer que haya sido acosada por entrar en una clínica y ha puesto en duda la fiabilidad de los datos de ACAI, “la patronal de los abortos”.

La concejala de Cs Sofía Miranda, que ha criticado que “los extremos” quieran debatir sobre un asunto que no es competencia del Ayuntamiento. Por su parte, la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, defendió “el derecho a manifestarse, reunirse y de expresión, también el de los médicos objetores”.