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Ciudad de la Justicia de Madrid: el Gobierno de Ayuso amplía tres semanas el plazo para las ofertas

Los concurrentes podrán presentar su propuesta hasta el próximo 10 de noviembre

Crisis del coronavirus en España
Vista exterior de la morgue habilitada por la Comunidad de Madrid en la Ciudad de Justicia durante la crisis sanitariaChema MoyaAgencia EFE

Justo este viernes, el día en el que finalizaba el plazo de presentación de ofertas para la construcción de la Justicia en Madrid, el Gobierno regional ha comunicado en el portal de contratación que “amplía el periodo de concurrencia para las empresas licitantes”. Lo hace en tres semanas adicionales en las que, el Ejecutivo de Díaz Ayuso espera haber solventado las dudas que habían trasladado las empresas a la administración en torno a la ejecución del proyecto.

De esta manera, los concurrentes podrán presentar ofertas hasta el próximo 10 de noviembre. Junto a la ampliación del plazo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior publicará en el Perfil del Contratante una serie de aclaraciones que contribuyan a despejar dudas que se han planteado a lo largo del proceso iniciado el pasado mes de julio.

La Comunidad de Madrid autorizó en el mes de julio la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. El complejo, ubicado en Valdebebas, concentrará en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. Según señalan desde Sol, esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector. La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros más IVA, cantidad que no será sometida a revisión –y sólo en un 20% de la misma– hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.

¿Cuáles son los motivos para ampliar el plazo?

1. Se trata de un proyecto de una enorme complejidad en una situación económica muy complicada que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta. Precisamente, la Administración, con sus aclaraciones, quiere ofrecer una mayor evidencia y seguridad sobre las cláusulas de los pliegos.

2. Durante estas semanas se han recibido numerosas peticiones de las empresas para tener más tiempo para preparar sus ofertas. De hecho, así lo han trasladado, tanto la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) como la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

3. Una de las consultas más recurrentes hace referencia a la baja sobre el presupuesto base de licitación. En consecuencia, se publicarán en el Perfil del Contratante aclaraciones relativas al comportamiento de la tarifa a lo largo de los 40 años de vida de la concesión para que el licitante pueda presentar una oferta con una mayor seguridad, todo ello siempre dentro del presupuesto base de licitación acordado en Consejo de Gobierno. Este aspecto junto con la accesibilidad o la eficiencia energética son de los puntos más destacados a la hora de adjudicar el proyecto.