Sol impulsa una estrategia de 120 millones para San Fernando de Henares

El desalojo exprés de 52 vecinos del número 8 la plaza de la Fuente del Trébol de San Fernando de Henares en la semana que hoy acaba ha reabierto la crisis por las consecuencias de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en el municipio. También ha dado alas a la convocatoria de la manifestación que sus afectados desplegarán hoy en el centro de Madrid hasta trasladar sus propuestas frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Bajo el lema «Una vivienda digna. Por una vivienda digna» concluirá en Sol, donde exigirán «dignidad, reparación y justicia». «Son 15 años de grietas en viviendas, de desalojos forzosos, de derribos, de negocios cerrados y de servicios públicos perdidos, donde 40.000 personas sufrimos el maltrato y el desprecio de los sucesivos gobiernos regionales en la Comunidad de Madrid», asegura la plataforma convocante de la protesta.

Tras recibir en herencia de gobiernos anteriores del Partido Popular, el actual Ejecutivo regional ha dispuesto algunas medidas como parte de una hoja de ruta que busca poner solución a la situación de miedo e inestabilidad en la que se encuentran las familias afectadas.

Hoja de ruta «dinámica»

Esta estrategia contempla la inversión de 120 millones de euros a través de «acciones son dinámicas y en continua evolución ya que se van adaptando a la realidad cambiante y compleja de la zona». El Ejecutivo regional también ha puesto en marcha en la localidad una Oficina de Información para atender a todos los vecinos que quieran conocer más datos sobre el estado de sus indemnizaciones, de los anticipos, de las obras, los proyectos y de cualquier otra cuestión o iniciativa que quieren plantear. En la misma Oficina se ha creado un registro auxiliar, que funcionará como único, donde cualquier residente en la localidad podrán aportar cualquier documentación que estimen oportuno sin tener que desplazarse a cualquier otra instancia de la administración pública, autonómica o local. Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes continúa monitorizando toda la zona para hacer una detección precoz de los problemas que puedan surgir. Todos los edificios afectados están identificados, catalogados e instrumentalizados, con un seguimiento continuo de su estado y evolución. Desde la Consejería del Gobierno regional se está haciendo cargo de los gastos de alojamiento, manutención, transporte, mudanza, vigilancia, suministros y garajes de las personas que están realojadas para garantizar su seguridad. A lo largo de 2023, se ejecutarán las obras de mejora del drenaje exterior de la estación de Hospital Universitario del Henares y se están redactando los proyectos de consolidación global del pozo de bombeo y de impermeabilización y estabilización del túnel de la línea 7B a su paso por los términos municipales de Coslada y San Fernando de Henares. También se abordarán mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento, desde el nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales, hasta la depuradora de Casaquemada.

Indemnizaciones

El Gobierno autonómico indemnizará a los vecinos afectados con más de 7 millones de euros. Esta cuantía cubrirá el valor del inmueble, el mobiliario, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, al que se le añade, además, el índice de garantía de la competitividad con el objetivo de poder ofrecer a las familias la máxima compensación posible con el que poder ayudarles a rehacer sus vidas. Se están tramitando los expedientes de responsabilidad patrimonial con los que se pagará a los propietarios de los inmuebles, de forma individualizada, por lo que cada uno de ellos y dependiendo de sus circunstancias personales contará con una compensación u otra. La cuantía máxima que se entregará a los vecinos afectados de este municipio será superior a 355.000 euros y la mínima de 136.000 euros. En paralelo, también se están resolviendo los importes de las plazas de garaje, cuya cuantía oscilará entre los 10.000 y los 33.000 euros.

En la actualidad hay 72 familias realojadas. En 27 casos se ha terminado el plazo del realojo establecido en la orden de emergencia que dictó el Gobierno madrileño y al no poderse ampliarse se ha llegado a un acuerdo con los vecinos por el que se les pagará 798 euros al mes –durante seis meses–, mediante la entrega de un cheque de 4.788 euros en concepto de anticipo. Estará en vigor hasta que tengan las correspondientes indemnizaciones tras el derribo de sus viviendas. De momento, se han tramitado diez ayudas de este tipo.