Varapalo judicial a la alcaldesa de Móstoles: obligada a indemnizar al secretario que despidió

En el Ayuntamiento de Móstoles hay nerviosismo después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido un recurso de casación del Consistorio en torno al despido del ex secretario municipal José López Viña, apartado de su cargo por la alcaldesa Noelia Posse en agosto de 2020 por informar en contra del «caso ITV». Así, la alcaldesa socialista está obligada a indemnizarle, con cargo al bolsillo de los mostoleños, con los salarios que dejó de percibir desde el día que le echaron, con el argumento de que “era el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa”, hasta agosto de 2022. Es decir, el sueldo de dos años, que superaría los 180.000 euros (los que se denegó injustificadamente la prolongación de la vida laboral).

Para colmo, el Ayuntamiento tendrá que asumir las costas procesales, aunque el Alto Tribunal fija en 2.000 euros la cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos, más el IVA, según figura en la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El funcionario, sin embargo, no será readmitido en el cargo, pese a que muchos aseguran que “fue un cese político arbitrario”, porque el 24 de agosto de 2019 cumplía 65 años (aunque excepcionalmente podría jubilarse a los 70) y pidió una prórroga de un año. Se le concedió hasta el 24 de agosto de 2020, día en el que volvió a pedir una prórroga hasta el 24 de agosto de 2022. En esa ocasión se le denegó, pero recurrió. Perdió en el juzgado en el contencioso-administrativo, pero presentó un recurso de apelación ante el TSJ de Madrid, que consideró contrario a derecho el cese por falta de motivación.

El fallo del TS, emitido el pasado miércoles, supone un duro revés para la alcaldesa y candidata del PSOE a la alcaldía de Móstoles a cuatro meses de las elecciones municipales.

De esta forma, el Tribunal Supremo avala la sentencia del 29 de noviembre de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que falló en contra del despido al considerar que no se ajustaba a la legalidad. Se manifestó a favor del derecho del funcionario a prolongar el servicio activo en el Ayuntamiento como Secretario municipal. La sentencia fue recurrida al Supremo, que ahora tampoco da por buenos los motivos del despido del secretario y declara firme el fallo del TSJM.

El secretario fue el primero en denunciar el “caso ITV” y en emitir un informe jurídico contrario a la condonación de una deuda a una empresa por valor de más de dos millones de euros. Tras él fue cesado el interventor.

La sentencia ha provocado reacciones de distintos grupos políticos. “Una vez más, el nepotismo de la Alcaldesa de Móstoles es condenado por los tribunales. Impidió la permanencia del Secretario General del Ayuntamiento sin razones objetivas que avalarán su decisión, y es ahora el Tribunal Supremo quien le dice a la Alcaldesa que vulneraron los derechos de un funcionario ejemplar, respetable con la ley y difícil de doblegar. La justicia pone a cada uno en su sitio y lamentablemente las arcas municipales, el dinero de los mostoleños, deberá hacer frente a una indemnización por culpa de capricho de una Alcaldesa”, explica Manuel Bautista, candidato a la alcaldía de Móstoles por el PP.

El origen: una querella criminal

El «caso ITV» está dando más de un quebradero de cabeza a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a su equipo de Gobierno. Primero fue origen de una crisis institucional sin precedentes después de que los miembros de la Junta de Gobierno tuvieran que desfilar por el juzgado para declarar tras la querella criminal presentada por los portavoces del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García. Acusaban al Gobierno de Posse de una supuesta «amnistía fiscal» a empresas a las que se había perdonado el pago de los cánones municipales.

En concreto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles estuvo investigada por un delito de malversación y prevaricación por perdonar los cánones municipales por la cesión de un terreno del Ayuntamiento a una ITV por valor de 2.455.725,39 euros.

El asunto, sin embargo, quedó archivado provisionalmente después de que la magistrada que investigaba el caso concluyera que no había delito de malversación ni de prevaricación y que el acuerdo alcanzado por el Gobierno municipal con la ITV respetaba «la legalidad y la normativa vigente».

El caso, de momento, ha acabado de manera favorable para la alcaldesa y su equipo en los tribunales, aunque aún está pendiente que próximamente la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de apelación que interpuso contra el archivo del caso Más Madrid y al que se ha adherido la Fiscalía. De este modo, la vía penal no se da por cerrara definitivamente ya que el caso podría reabrirse.

El asunto puede que se complique en la investigación paralela que realiza el Tribunal de Cuentas. Se inició a raíz de que el interventor municipal, ahora removido de su puesto, denunciara ante el Tribunal del hecho de que se hubieran perdonado cánones a determinadas empresas privadas de la localidad, entre ellas una ITV.

El Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar ahora si la decisión adoptada por el Gobierno municipal con la citada empresa, supuso un perjuicio para las arcas públicas de la segunda localidad más grande de la Comunidad de Madrid. Podría exigir responsabilidades contables. Si esto fuera así, tanto la regidora de Móstoles, como otros miembros de la Junta Local, como Nati Gómez (Podemos), Alejandro Martín (PSOE) y David Muñoz (PSOE), entre otros, tendrían que responder de la deuda millonaria con su propio patrimonio.