Cuando en el PSOE y en el Gobierno pensaban que la agonía de la legislatura había tocado techo, el caso Salazar ha dividido al partido. La indignación interna se ha disparado esta semana ante la inacción de Ferraz con las denuncias contra Francisco Salazar. Otras dos trabajadoras en Moncloa han denunciado comportamientos deplorables después de conocerse las presuntas prácticas del líder socialista sin que el PSOE actuara. Mientras en Ferraz trataban de mitigar el impacto del escándalo, esta semana se han conocido también presuntas prácticas de acoso sexual a mujeres por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro.

Desde el PSOE y Moncloa llevaban semanas intentando desviar la atención de los fallos de las pulseras antimaltrato y las consecuencias de las prácticas con prostitutas del núcleo duro de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos y Koldo García. Para ello, el presidente del Gobierno ha pretendido distanciarse de los machirulos del Peugeot atizando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta semana, se ha lanzado contra la líder popular a cuenta del escándalo del Hospital de Torrejón mientras acumula el desgaste de una legislatura agónica. Con los escándalos por acoso a mujeres de cargos del PSOE, la entrada en prisión de personas de su núcleo más próximo, con una huelga de médicos a la vista y sin presupuestos, Moncloa ha intensificado su ofensiva contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid la semana en la que Isabel Díaz Ayuso presenta sus cuentas públicas en la Cámara regional. Madrid, por el contrario, ha centrado su agenda en demostrar su fortaleza frente a la parálisis del Ejecutivo de Sánchez.

La presentación de los presupuestos regionales ha proyectado una imagen de estabilidad y crecimiento: «Estas cuentas cumplen con los compromisos de nuestro programa electoral y responden a lo prometido en el último Debate sobre el Estado de la Región», señaló la consejera Rocío Albert. La titular de Economía subrayó la alineación con la agenda de Ayuso y la previsión de inversiones estratégicas para sanidad, educación y políticas sociales. En Sol y en Génova han utilizado el contexto para subrayar la desigualdad en la financiación autonómica: frente a la singularidad presupuestaria de Cataluña, Madrid recibe recortes, subrayan.

Ni la renuncia a participar en el Festival de Eurovisión por la presencia de Israel ha logrado solapar la cascada de escándalos y el apagón legislativo. En el Gobierno regional no dudan en señalar que «mientras unos esconden sus cuentas, nosotros presentamos las nuestras, transparentes y coherentes con la gestión que defendemos para los madrileños». Las críticas de la oposición arreciaron a cuenta de lo sucedido en el Hospital de Torrejón. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, denunció un «modelo para privilegiados», cuestionando la capacidad de la Comunidad de Madrid para equilibrar inversión social y ventajas fiscales. Vox, por su parte, acusó a Ayuso de «burlarse de los madrileños» con unos presupuestos que ignoran la vivienda y presionan la sanidad pública, mientras en Sol mantienen que los recursos se gestionan con eficacia y rigor técnico. La tensión ha ido creciendo esta semana desde que se conocieron los audios de un directivo del Grupo Ribera ya apartado. La filtración de audios del consejero delegado del Ribera, Pablo Gallardo, en los que supuestamente instaba a aumentar listas de espera para maximizar beneficios de gestión privada ha dado pie a la oposición para intensificar su campaña contra el modelo de colaboración público-privada de Madrid.

La reacción fue inmediata: jefes de servicio y responsables de Enfermería emitieron un comunicado conjunto defendiendo la ética de sus actuaciones: «En todo momento hemos actuado con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable». La empresa aclaró que los audios no reflejan el contenido íntegro de la reunión y están fuera de contexto.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una auditoría independiente para garantizar transparencia y ha subrayado la necesidad de separar gestión administrativa y atención clínica. Mientras, en el PP de Madrid, presidido por Ayuso, han desvelado la «estrategia» de la izquierda de «hacer el mayor ruido» para difuminar los escándalos que acosan al Gobierno y al PSOE y la «nefasta gestión» de la ministra de Sanidad, Mónica García. «La izquierda quiere referirse a cualquier tema para que no se hable de la huelga sanitaria», manifestó el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano. «Lo que hace Más Madrid y Sumar es tapar o mirar para otro lado ante la corrupción del Partido Socialista, como vemos que hace Yolanda Díaz, Mónica García, o ante los casos nauseabundos, asquerosos, de violencia machista conocidos por parte del PSOE», concluyó. Y es que en medio de las críticas de la oposición, organizaciones sindicales y profesionales han anunciado que irán a la huelga contra Mónica García, muy activa esta semana contra la gestión sanitaria madrileña.

A partir del 27 de enero, las organizaciones sindicales han convocado paros indefinidos que se suman a los que llevarán a cabo los médicos la próxima semana. El rechazo frontal de la sanidad española se produce a cuenta de la negociación del Estatuto Marco. «Lo que no va a ocurrir es que la izquierda consiga hacer de este caso una cortina de humo que tape la nefasta gestión del Ministerio de Mónica García y la huelga a la que se ha llamado a los profesionales médicos de toda España», señaló el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, que subrayó que «la Consejería de Sanidad está actuando de forma contundente, pidiendo todas las explicaciones necesarias y así va seguir haciéndolo».

Mientras, las universidades madrileñas han vivido días de tensión. La negociación de Ayuso con los rectores acerca de la reforma universitaria y un nuevo modelo de financiación ha coincidido con protestas apoyadas por sindicatos y plataformas. La Comunidad ha defendido que estas movilizaciones, que buscan visibilizar la supuesta infrafinanciación de los campus, no alteran el compromiso regional de modernización y eficiencia, y que los acuerdos con los rectores permitirán avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo. Según avanzó LA RAZÓN, se espera que la próxima semana los seis rectores comparezcan para confirmar avances y acuerdos alcanzados, consolidando así la imagen de gestión eficaz frente a la política de confrontación que defienden las formaciones de izquierda.