Embargo a la EMV de Rivas por una deuda millonaria con la Comunidad de Madrid

La Justicia ha ordenado el embargo de bienes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid para saldar una deuda de 3.304.867,93 euros que mantiene con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La decisión, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, llega mediante un decreto fechado el 24 de noviembre dentro del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 111/2023 y supone un nuevo capítulo en un conflicto prolongado durante casi dos décadas. El origen de la deuda se remonta a la utilización por parte de la EMV de un edificio compuesto por 124 viviendas protegidas y 136 plazas de garaje, promovido en su día por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hoy AVS. Estas viviendas, ideadas para ampliar el parque de vivienda social en Rivas Vaciamadrid, permanecen como propiedad de la AVS, si bien la empresa municipal ha hecho uso del inmueble sin abonar los importes establecidos, según el relato recogido en la resolución judicial.

El conflicto arranca desde el año 2003, cuando se constituyó un derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. para levantar el edificio en la parcela 8.1 A-1 del ámbito Camino Bajo de Rivas Vaciamadrid. Dos años después, la titularidad de dicha parcela fue permutada a la EMV de Rivas, que asumió también el derecho de superficie de Ortiz.

La Comunidad de Madrid, a través de la AVS, quedó como garante del cumplimiento del acuerdo, lo que, años más tarde, y ante la falta de pago por parte de la empresa municipal, obligó al organismo regional a cubrir esas obligaciones económicas. Esos importes son los que, posteriormente, la AVS ha ido reclamando por vía judicial.

La cifra reclamada no acaba en el embargo recién decretado. La AVS mantiene abierto otro procedimiento judicial, esta vez en el Juzgado de Primera Instancia nº 97, por un importe adicional de 2.912.108,96 euros derivado del mismo concepto pero referido a un periodo distinto.

Si ambos procedimientos culminan en la misma dirección, la deuda total de la EMV ascendería a 6.216.976,89 euros, sin incluir los intereses que continúan generándose hasta su pago definitivo. A pesar de la contundencia de las cifras y de la evolución del conflicto, la Comunidad de Madrid insiste en que su voluntad siempre ha sido evitar la vía judicial. Según expone el organismo regional, se remitieron cartas de requerimiento de pago y se intentó pactar un plan de abono que facilitara el cumplimiento de las obligaciones sin tener que llegar al embargo de bienes de una administración local. Ninguna de estas iniciativas obtuvo respuesta suficiente, lo que acabó trasladando la disputa al ámbito judicial. Ahora, la Comunidad afirma que mantiene su intención de evitar nuevos procedimientos y confía en que la EMV atienda los pagos.