El funcionario de Móstoles que denunció el "caso ITV" recobra el puesto

El interventor del Ayuntamiento de Móstoles, Caín Poveda Taravilla, que denunció las presuntas irregularidades de la ex alcaldesa socialista Noelia Posse, volvió ayer a su puesto al Consistorio de la localidad del sur después de ser despedido poco después de presentar la denuncia. Su vuelta ha sido posible después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid anulara el cese ordenado por la alcaldesa del municipio del sur, Noelia Posse, «por caducidad del procedimiento», es decir, por no respetar plazos, y que condenara al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas judiciales, es decir, los gastos de abogado y procurador.

Pero el Gobierno de Posse decidió agotar la vía judicial antes que readmitir al interventor con lo que la Junta de Gobierno decidió el 7 de junio de 2022 recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo e interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un año después, el pasado 6 de junio, el TSJ madrileño confirmaba la anulación del cese como interventor. En base a esta sentencia, el Ayuntamiento se ha visto obligado a reponer en el cargo al funcionario público en el ayuntamiento de Móstoles, gobernado desde el 28-M por Manuel Bautista, del PP.

El interventor fue cesado después de que denunciara ante el Tribunal de Cuentas que se había perdonado impuestos o cánones a determinadas empresas de la localidad. Es decir, avisaba de que se había hecho una especie de «amnistía fiscal» por parte del Gobierno de Noelia Posse.

El propio funcionario público, cuando puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas los hechos, se lamentaba de que, por cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, la relación profesional en asuntos municipales con la alcaldesa de Móstoles prácticamente desapareciera y se abriera paso la desconfianza. Incluso llegó a detallar en su informe que había sido víctima de una «operación de acoso y derribo». Es más, su «descabezamiento» llegó a conocerse como «Operación ADIN» (acoso y derribo del interventor), según explicó. «En el Consistorio había una situación de crispación alentada por personas de la Alcaldía o cercanas a ésta con acusaciones infundadas a cerca de mi trabajo», lamentaba el funcionario. Aseguró que se llegaron a escuchar comentarios en el Ayuntamiento del tipo: «Ya nos hemos cargado al Secretario General, ahora le toca al Interventor».

Pero el caso tiene aún más consecuencias porque la ex alcaldesa Noelia Posse tendrá que acudir el próximo 25 de julio al Tribunal de Cuentas por la citación que le ha hecho a ella y a su equipo de Gobierno para informarles del perjuicio económico que han causado al Ayuntamiento de Móstoles por el «caso ITV», que la llevó a los tribunales acusada perdonar una deuda de 2,5 millones en tasas municipales a una ITV de la localidad. El Alto Tribunal les informará ese día de las cantidades que cada uno de ellos tiene que desembolsar de manera solidaria de su patrimonio personal, hasta llegar a los 2,5 millones, que es el daño económico que se considera que su decisión ha causado al municipio de Móstoles.

El asunto se empezó a investigar a raíz de la denuncia del interventor del Ayuntamiento cesado y que ahora ha sido repuesto en su cargo sobre las presuntas irregularidades contables.

El asunto no ha acabado con la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas, sigue abierta la vía penal con la incoación del procedimiento abreviado, previo al juicio oral, que llevará a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a sentarse en el banquillo de nuevo por el «caso ITV». Esto se espera que ocurra en breve. Si saliera condenada, quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público, incluido el de funcionaria, ya que Noelia Posse forma parte de la plantilla de albañiles del Ayuntamiento de Móstoles, un puesto que tampoco podría desempeñar. Además, según el código ético del PSOE, la convocatoria del juicio oral implicaría la expulsión del partido.

Así las cosas, la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, a un paso del banquillo por el «caso ITV» que, en un primer momento, quedó sobreseído al determinar la jueza instructora que no había delito de malversación y prevaricación. El caso se reabrió después de que Más Madrid y la Fiscalía interpusieran un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado número 1.

La reacción de Noelia Posse, y de la mayoría de concejales implicados en el caso, que presentaron su candidatura a las elecciones de 28-M a la alcaldía de Móstoles, fue la de solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de aclaración, lo que se entendió como una maniobra dilatoria para evitar sentarse en el banquillo antes del 28-M que la dejara fuera del juego político.

En la campaña del 28-M resultó significativo que ni el candidato socialista, Juan Lobato, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudieran a Móstoles.