Los Jefes de Servicio del Hospital de Torrejón defienden su «ética»

El cerco se estrecha en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz. Y más concretamente sobre el consejero delegado del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, que dimitió de su cargo tras la publicación de unos audios en los que pedía, supuestamente, aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada con el fin de incrementar los beneficios de la empresa.

Tras la revelación, desde el grupo sanitario contestaron ayer a las informaciones señalando que la «prioridad máxima» de Ribera son «y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno de los centros que gestiona, tanto públicos como privados». Si bien los audios publicados «no reflejan el contenido íntegro» de aquella reunión y se «encuentran fuera de contexto», en «un ejercicio de responsabilidad empresarial», el CEO Pablo Gallart «ha solicitado voluntariamente desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría». En todo caso, lo ocurrido «no puede poner en duda el trabajo que realizan los más de 9.000 profesionales del grupo Ribera en sus más de 100 centros de trabajo en los seis países en los que opera».

En esa línea, los jefes de Servicio y superiores de Enfermería del Hospital de Torrejón firmaron un comunicado en el que aseguran que «en todo momento» actuaron «con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable».

«En los 14 años que nuestro hospital lleva en marcha, los profesionales nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y su bienestar», afirman. Y concluyen: «Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y educación para hacer del hospital el orgullo de la población de Torrejón».

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que se lleve a cabo una auditoría «con absoluto rigor» en el hospital, ya que este tipo de conductas «son contrarias a los principios básicos que deben regir la Sanidad». Así lo dijo en declaraciones en Don Benito (Badajoz), antes de participar en un mitin con la presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola.

En su opinión, dicha auditoría debe revelar «el rendimiento quirúrgico, el rendimiento de consultas externas, el rendimiento de pruebas, el rendimiento de sus servicios centrales, la lista de espera y analizar con rigor cómo se ha gestionado ese hospital en los últimos meses o años».

«Estoy convencido de que los compañeros de la Comunidad de Madrid lo están haciendo con absoluto rigor», añadió. Y es que, «si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo» y, en consecuencia, debería «ser denunciado y ser sancionado».

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ordenó este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el centro que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes de Sanidad confirmaron a Efe la decisión del Ministerio, que se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección, la ministra Mónica García remitió una carta a la presidenta regional en la que le exige la «apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente» sobre los hechos y, en función de sus resultados, «la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro».