Madrid ampliará hasta los 63.000 euros las indemnizaciones a los afectados por la L7B en San Fernando de Henares

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana que la Comunidad de Madrid ampliará con hasta un máximo de 63.000 euros las indemnizaciones de los afectados por la L7B de Metro en San Fernando de Henares. "No dejamos de buscar cómo mejorar la vida de los mayores, que es lo mismo que estamos haciendo con los afectados de la línea 7B de Metro. De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda atendiendo al daño moral por conviviente".

Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la Consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.

Desde que se dieran a conocer las compensaciones hace meses se ha sostenido desde la Comunidad que estas eran las máximas cuantías que permitía la ley. Hasta la fecha las cantidades oscilaban desde 136.000 hasta los 355.000 euros por inmueble, por lo que el máximo posible se situará en los 418.000 atendiendo al anuncio de Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha trasladado este miércoles a 14 familias de San Fernando de Henares afectadas de la línea 7B de Metro que solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina total de sus inmuebles para el derribo de las viviendas en próximos meses.

En concreto, se trata de los números impares de la calle Pablo Olavide (1, 3, 5, 7, 9 y 11) y portales A-G del número 20 de la calle Ventura de Argumosa, según ha indicado la Consejería de Transportes e Infraestructuras en un comunicado.

El Gobierno regional solicitará al Ayuntamiento de San Fernando de Henares la declaración de ruina legal urbanística de los inmuebles. Posteriormente, y a la espera de la decisión del Consistorio, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras procederá a la redacción de los proyectos de demolición correspondientes, a su visado en el Colegio de Arquitectos y solicitará, de nuevo, la autorización al Ayuntamiento para proceder a la demolición de las viviendas en los próximos meses.