España avanza, en sintonía con el resto de los países miembro de la Unión Europea, hacia un horizonte que parece claro: escalar la transición ecológica, reduciendo drásticamente para ello las emisiones de gases de efecto invernadero, y alcanzar la denominada neutralidad climática en una fecha marcada ya como límite, año 2050. Una fecha que, incluso, se adelanta con el cumplimento de los objetivos intermedios de reducción de emisiones de CO2 marcados por la normativa CAFE entre el periodo 2025-2027. Un exigente horizonte en el que, ineludiblemente, deben convivir tres actores diferenciados: industria automovilística, administraciones públicas y, por supuesto, el conjunto de la ciudadanía. A este horizonte solo hay una única manera de llegar sin ningún tipo de grieta o abertura: la unidad de mercado.

El reto al que nos enfrentamos no es tarea liviana, requiere de un compromiso pleno y real de una gran pirámide. Cuando las principales asociaciones de automoción y vehículos de España apostamos por la creación del Círculo Neutral in Motion lo hicimos con una mirada firme hacia una transición sostenible de nuestra movilidad, pero también competitiva, ordenada y eficiente. Años después, nuestro compromiso continúa imperturbable. Por ello, a través de estas líneas, solicitamos la garantía total de un elemento tan básico como ausente: la unidad de mercado. Un elemento para el que es imprescindible que, primero, España avance paso a paso hacia un marco regulatorio más armonizado, coherente entre todos los territorios que conforman su geografía y alineado con los objetivos comunes que se marcan desde Europa. No obstante, nuestra actual realidad difiere del deseo, y es que tenemos que hacer frente a una creciente fragmentación normativa que no solo nos golpea de lleno a todos los actores que conformamos esta gran industria, sino que también sacude a nuestros ciudadanos, pudiendo generar una incertidumbre o una confusión que no beneficia al proceso de transición a una movilidad sostenible.

Las Zonas de Bajas Emisiones presentan criterios dispares entre ciudades o CCAA; la instalación de puntos de recarga de acceso público afronta barreras y trabas administrativas distintas en cada región; o, sin ir más lejos, los vehículos no tienen la misma libertad de circulación según el punto del país en el que nos encontremos. Esta falta de coherencia reduce nuestro nivel de desarrollo, impide una planificación a largo plazo, encarece los procesos y debilita la confianza tanto de empresas como de ciudadanos. Esta ausencia de armonización regulatoria tiene graves consecuencias a nivel económico, pero también social. No podemos permitir que un usuario vea beneficiada o penalizada su movilidad personal, derecho elemental como miembro de una sociedad, en función de su lugar de residencia, pues esto es algo que va claramente en contra de los principios de equidad y cohesión territorial, los cuales deben guiar una transformación de esta envergadura. Al horizonte final no podemos llegar mientras crucemos así el camino. La descarbonización debe ser más una oportunidad de avance para todos, y no tanto una carrera de obstáculos.

Quienes formamos parte de esta alianza tenemos claro que ese elemento de unidad de mercado debe de ser rescatado, al igual que la eficiencia regulatoria, con marcos comunes que garanticen certidumbre jurídica, condiciones equitativas y escalabilidad. Y, ¿cómo hacerlo? Reforzando los instrumentos de cooperación interadministrativa, evitando duplicidades normativas y estableciendo criterios armonizados a nivel estatal y europeo que ayuden a mitigar que las decisiones locales puedan ser una traba para el bien común.

Y esto debe hacerse teniendo en el imaginario de manera protagonista al usuario final. El camino que debemos seguir es el de una movilidad más limpia y en línea con el medioambiente, por supuesto, pero también más clara y justa para los ciudadanos. Quien conduce, alquila o recarga su vehículo necesita entender fácilmente qué puede hacer y dónde, sin depender de su lugar de residencia. Necesita saber que la transformación empresarial y social que impulsamos es también una promesa de seguridad, transparencia y confianza. Nos gustaría cerrar haciendo, de nuevo, un llamamiento a las administraciones públicas de nuestro país para que prioricen la unidad de mercado como palanca de descarbonización, competitividad y cohesión territorial. Únicamente así podremos avanzar juntos, de la mano, bajo un mismo paraguas encaminados hacia el horizonte final.