Cs permite que la ley del Mar Menor sea modificada y abre una crisis con sus socios

El Mar Menor vuelve a estar en el punto de mira. Después del episodio de anoxia en octubre que provocó la muerte de miles de peces, el Gobierno regional formado por PP y Cs, y sustentado por Vox, a finales de diciembre aprobó un Decreto Ley con el que se protegía el entorno lagunar y cuya aprobación se esperaba que se realizara ayer en la Diputación Permanente. No obstante, pese a que se convalidó dicho decreto, Ciudadanos cambió de opinión y apoyó la propuesta de PSOE y Podemos de elevarlo a la Asamblea Regional para tramitarlo como proyecto de ley para que se incluyeran las aportaciones del resto de grupos políticos. «Esto supone abrir un periodo de parálisis en la aplicación de medidas para el Mar Menor, y su situación no admite más demoras».

Así lo recriminó el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, quien señaló que con dicha decisión, se está «abriendo la puerta a adulterar con propuestas una norma trabajada por expertos y científicos». A su juicio, la decisión de Cs fue «legítima», pero únicamente servirá para «generar inseguridad jurídica, que es exactamente lo que quiere el PSOE y sus nuevos socios».

La parálisis parlamentaria se debe a que, con motivo del calendario festivo, no habrá actividad hasta el próximo mes de febrero. «Dilatar el proceso de aprobación definitiva generará inseguridad jurídica en el turismo, en los ayuntamientos, en el sector agrícola y ganadero, que es lo que quiere la izquierda».

Esta aparente «crisis» entre los miembros que sustentan el Gobierno regional fue evidenciada por parte del portavoz de Vox, Juan José Liarte, quien reprochó que la formación naranja se hiciera «autosabotaje» a un trabajo para el que les pidieron consenso. Además, advirtió de que durante la tramitación como proyecto de ley, «se pueden introducir enmiendas con las que no estemos de acuerdo, lo que podría condicionar el apoyo al texto definitivo».

Juan José Molina, portavoz de Cs, argumentó la decisión de su grupo afirmando que pese a ser un decreto «bueno y potente», el proyecto de ley es un ejercicio «de excelencia democrática», pero añadió que también es «mejorable», por lo que no habría contradicciones entre el texto que propone el Gobierno y las enmiendas que se registren durante su tramitación.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños consideró que la convalidación del decreto ley «es una oportunidad perdida» que solo servirá para favorecer «a determinados sectores económicos» y que no cuenta con los colectivos afectados. Desde el Grupo Mixto, María Marín tachó la norma de «absolutamente insuficiente».