El PP carga contra la acusación de transfuguismo en la Región de Murcia. “No tiene validez”

La Comisión de expertos designada por el Pacto Antitransfuguismo calificó hoy de “tránsfugas” a los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como al presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos diputados. Una decisión que desde el PP consideraron que “no tiene validez” porque “el ponente no es imparcial”.

Los populares presentaron alegaciones en las que señalaban que tenían dudas sobre el “carácter imparcial e independiente” del ponente Rafael Ibáñez, exdiputado de IU, y solicitaban la suspensión de la actividad de la Comisión hasta que no se nombrara un nuevo grupo de expertos que reunieran la condición de “independencia, objetividad y neutralidad”.

Sin embargo, la Comisión decidió no interrumpir su funcionamiento alegando que no se había acreditado la existencia de ninguna circunstancia personal ni profesional que no concurriera ya en Ibáñez cuando la Comisión de seguimiento le nombró experto independiente.

Por su parte, para el secretario del PP en la Región, José Miguel Luengo, la resolución obedece a "una acción orquestada para intentar limpiar la imagen denostada del PSOE en la Región de Murcia al ser su vergüenza nacional, tras la chapuza de la moción de censura".

"Más que una resolución es un panfleto sectario y partidista firmado por un exdiputado de IU, exabogado de CC. OO. y exmarido de la ministra de Pedro Sánchez María Jesús Montero, en el que no hay ni un solo argumento jurídico y todo son valoraciones políticas". Según explicó, "este informe no tiene ningún tipo de validez, ni jurídica, ni administrativa, ni disciplinaria, ni política, ya que se convirtió en papel mojado en el momento en el que el ponente no podía ser imparcial".

Reunión de la Comisión

El pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso de los Diputados, y ahí el PP votó en contra de declarar a estas personas tránsfugas, por lo que esta declaración formal se encargó a cinco expertos para dirimir si había o no transfuguismo en la moción de Murcia.

En un primer momento, el grupo de estos cinco expertos estaban formados por, además de Rafael Ibáñez, Pilar Navarro Rodríguez, que fue secretaria general en el Gobierno andaluz de Susana Díaz; Dolors Canals, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona; Silvia del Saz, exletrada del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2015 y exdirectora General de Suelo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre; y Mariano Pérez-Hickman, exdiputado del PP y asesor jurídico de los ‘populares’.

El PP ha asegurado que Mariano Pérez-Hickman ha dimitido de esta Comisión de expertos y, en boca de los dirigentes ‘populares’ murcianos, este dictamen “no tiene validez” porque “el ponente no es imparcial”.

En su exposición de motivos, el dictamen se apoya en las distintas adendas refrendadas por el Pacto Antitransfuguismo para señalar como “tránsfugas” estas actitudes y rechaza las alegaciones del PP en las que afirmaban que el cambio de estas personas se dio para asegurar el pacto de Gobierno con Ciudadanos.

Así, inciden en apuntar al hecho de que estas personas “tránsfugas” participaron en una operación política y tres de ellos aceptaron un cargo en el Gobierno regional a cambio de su voto en contra y, según subrayan, pactaron con el PP de forma “personal” y a “espaldas” de su formación.