Atraer inversores con una política de libertad administrativa. Ese es el objetivo de la aprobación del Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública por parte del Consejo de Gobierno, cuyo presidente, Fernando López Miras, anunció ayer en su intervención en la sesión de control. Se trata de la tercera Ley de Simplificación Administrativa puesta en marcha por este Ejecutivo desde 2014, con la intención de “reducir la burocracia y moderar la presión fiscal, como incentivos para impulsar el desarrollo económico y empresarial de la Región”.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Ejecutivo murciano, Valle Miguélez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, quien tras desgranar los principales bloques en los que se sustenta el decreto-ley, ha remarcado que con respecto a la figura de libertad de mercado, será el “elemento tractor de empresas. Cualquier negocio que esté legalmente establecido en otra comunidad podrá hacerlo automática y libremente en la Región de Murcia”.

De esta forma, las empresas no tendrán que solicitar los informes preceptivos ni tendrán que esperar las modificaciones que puedan surgir de los planes de urbanismo para continuar con la tramitación. Además, contarán con facilidades de acceso a ayudas en función de su tamaño e innovación.

Así, recoge que se garantiza la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Región de Murcia para atraer empresas de toda España. Asimismo, se establece la igualdad de derechos para los operadores económicos, otorgando plena eficacia a las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas en cualquier parte del territorio nacional. También se garantiza la libre circulación de productos legalmente producidos en el territorio español.

Por su parte, en el ámbito de la dinamización de inversiones empresariales contempla, a partir de la simplificación, “la digitalización, el fomento del incremento del tamaño de las empresas y una actualización de la regulación de la normativa de los Proyectos Estratégicos y la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que impulse la llegada de nuevas empresas a la Región”.

Finalmente, en lo relativo a la eficiencia pública, el decreto ley establece este apartado como “pieza imprescindible” para blindar la recuperación económica de la Región. El proyecto de Ley establece la obligación de que todas las entidades y órganos de la Administración regional promuevan de forma efectiva el ahorro, la racionalización y la gestión optimizada y sostenible, “primando todas aquellas alternativas regulatorias y de gestión optimizada que impliquen una mayor racionalización del gasto”.

Novedades

Una de las principales novedades será la regulación de los informes sectoriales que se exigen a los empresarios, y que se podrán solicitar de manera simultánea, no como hasta ahora, con un orden fijado que obliga a que, si la emisión de un informe se retrasa, el resto queden paralizados.

Se fijará un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales relacionados con la implantación de una actividad y en el caso de que se emita fuera de ese plazo, podrá no ser tenido en cuenta. Además, se obliga a que los informes sean claros y señalen de forma inequívoca sin son favorables o no.

Otras de las grandes novedades se refiere a la ordenación del territorio: cuando por necesidades de una empresa haya que modificar el planeamiento general, ese cambio se podrá llevar a cabo sin necesidad de esperar a la revisión del plan general de ordenación urbana.

Las instalaciones de autoconsumo no necesitarán solicitar licencia de obras previa, y se introducen también cambios para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con carreteras.

También es novedoso que, en materia de medio ambiente, los proyectos que la ley estatal considera “excepcionales”, como aquellos de urgencia o por catástrofes naturales, estarán exentos de los trámites de evaluación de impacto ambiental.

En el marco de la libertad de mercado, se apostará por la “libre circulación”, de manera que empresas que ya operan en otras comunidades autónomas y quieran implantarse en la Región de Murcia no tendrán que llevar a cabo de nuevo la tramitación administrativa de licencias e informes.