Miras y Mazón firman un acuerdo para proteger el Tajo-Segura: “Cada hectómetro cúbico recortado tiene un impacto de 4 millones”

Cada hectómetro cúbico que no llega al río Segura a través del Trasvase del Tajo supone un impacto bruto para la economía del levante de 4 millones de euros y 86 puestos de trabajo, según un informe técnico que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, utilizarán para presentar alegaciones contra el nuevo plan de cuenca del Tajo en el Consejo de Estado.

Ambos mandatarios han mantenido este lunes un encuentro en Murcia en el que han conocido tres informes técnicos sobre la situación pasada, actual y futura del trasvase elaborado por el catedrático Joaquín Melgarejo, director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (IUACA).

Según ha detallado en rueda de prensa el catedrático, en lo que va de legislatura, entre junio de 2018 y septiembre de 2022, se ha dado la circunstancia de que estando el trasvase en un nivel 3 de sus reglas de explotación, se han reducido los caudales trasvasables por decisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a pesar de los informes positivos de la comisión de explotación del acueducto.

Eso se traduce en que en ese periodo la cuenca del Segura dejó de recibir un total de 147,3 hectómetros cúbicos, lo que ha generado un efecto negativo sobre un valor añadido bruto de la cuenca del segura de 590 millones de euros, según el experto.

Melgarejo ha analizado también los efectos del cambio en las reglas de explotación que se aprobó para el último año hidrológico, de julio de 2021 a septiembre de 2022, que supuso que en el nivel 2 de explotación el trasvase se rebajaba de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes, lo que equivale a una reducción de volúmenes de 13 hectómetros cúbicos al año.

La media histórica de transferencias durante los últimos 43 años, ha apuntado, ha sido de 320 hectómetros cúbicos, y en el último año se han autorizado 235 hectómetros cúbicos, siendo el regadío “el gran perjudicado”, pasando de una media histórica de 200 hectómetros cúbicos a una transferencia de 141,5 hectómetros cúbicos en el último año hidrológico.

Por último, Melgarejo se ha referido a los efectos del incremento de los caudales ecológicos tal y como se acordaron el pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua sobre la cuenca del Segura a través de un mecanismo de implantación progresiva pasando de los 6 metros cúbicos por segundo actuales a los 7 en 2025; los 7,93 en 2026 y 8,65 en 2027.

Con esa previsión, ha dicho, habría una merma en los caudales trasvasables para el regadío de 105 hectómetros cúbicos, lo que significaría la pérdida del 15,62 por ciento de la superficie actual de regadíos de la cuenca (unas 27.000 hectáreas), con pérdidas patrimoniales valoradas en 5.692 millones de euros y la pérdida de 15.322 empleos.

Para el presidente murciano, los datos de estos informes constatan el “menoscabo, desprecio y maltrato” del Ministerio hacia la cuenca del Segura, que “roza límites insoportables” no solo para la Región de Murcia y Alicante, sino para el conjunto de España, puesto que el trasvase “riega el 70 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta” el país.

Por eso, ha lamentado que se cuestione esta infraestructura cuando no hay ningún tipo de debate sobre la “vertebración territorial” del estado ni se cuestiona, por ejemplo, que todos los ciudadanos tengan acceso a la electricidad, independientemente de dónde se produzca ese bien.

En ese sentido, el presidente de la Diputación de Alicante ha advertido de que la estrategia del Gobierno central para recortar el trasvase ha “generado artificialmente una deuda histórica del agua” al “hurtar” de la economía de la zona 590 millones de euros a través de esa merma del agua.

Ambos mandatarios han insistido en que todas las decisiones relacionadas con los recortes del trasvase se han hecho sin ningún criterio o informe técnico o científico, como tampoco se han justificado desde ese punto de vista el aumento de los caudales ecológicos.

Por ello, ambos presidentes harán un frente común para presentar de manera conjunta alegaciones al plan de cuenca del Tajo en el Consejo de Estado, con el objetivo de que su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros no incluya los recortes anunciados hasta ahora.

Si finalmente se aprueba el recorte, han asegurado que acudirán también unidos a instancias jurídicas para garantizar el agua necesaria para los regadíos.

Por último, han denunciado el “silencio cómplice” del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos que hacen, han lamentado, “un daño irreparable” en este frente común de defensa del agua.