Casi 10.000 familias consiguen alquiler social en 5 años en la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma está comprometida en ayudar a las personas más vulnerables y, prueba de ella, es la última línea de financiación que acaba de lanzar la consejería de Fomento e Infraestructuras, en coordinación con la consejería de Política Social. Así lo anunció este lunes el consejero del ramo, Jorge García Montoro, quien dio a conocer una nueva convocatoria de ayudas que superan los 2,3 millones de euros, partida presupuestaria destinada a que cualquier colectivo en riesgo de exclusión pueda hacer frente al pago del alquiler de una vivienda, así como también a sus suministros (agua, luz y gas). Según detalló ayer el consejero de Fomento, dichas ayudas ascenderán hasta los 600 euros, en el caso del pago del alquiler; y a los 200 euros, en el caso del abono de estos suministros esenciales en el día a día de cualquier persona. Un anuncio que hizo instantes previos a la convocatoria de la Mesa del Alquiler Social, en la que participaron seis entidades del Tercer Sector en la Región, como ACCEM, Cáritas, Fundación CEPAIM, Asociación Columbares, Cruz Roja Española y la asociación La Huertecica.

El consejero García Montoro apuntó que "se trata, en definitiva, de una estrategia en la que colaboran, tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, y las ONG, que son la primera puerta a las situaciones de vulnerabilidad, ya que hay que tener en cuenta que los colectivos vulnerables no admiten espera". En este sentido, García Montoro aseguró que, con esta nueva líneas de ayudas, el Ejecutivo autonómico ha invertido en los últimos 4 años más de 17,2 millones de euros en quienes más lo necesitan. Eso ha permitido que 9.679 familias hayan podido costear sus necesidades básicas vitales. Los beneficiarios de estas inyecciones económicas son principalmente mujeres, víctimas de violencia de género, de explotación sexual o de violencia sexual. También las personas y unidades familiares que se enfrentan a un proceso de desahucio, o que han tenido que lidiar con cualquier tipo de dificultad sobrevenida, tal y como apuntaron fuentes de la consejería de Fomento.

Pero, sin duda, quienes están más cerca de esta realidad son las ONG. Macarena Palazón es miembro del programa de Acogida y Acompañamiento de Cáritas en la Región de Murcia, quien aseguró, en declaraciones a LA RAZÓN, que hablamos de personas "en su mayoría desempleadas de larga duración, perceptoras de una prestación social, como subsidios de desempleo, Renta Básicas de Inserción o Ingreso Mínimo Vital. También, trabajadores con empleos esporádicos o en economía sumergida, cuyos ingresos no superan el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como personas solicitantes del Programa de Protección Internacional". En los últimos años, según cuentan los expertos, el coste de la vida y el acceso a las necesidades básicas se ha complicado para muchas personas. "Desde hace un par de años, la vivienda se ha convertido en un factor clave de exclusión social, ya que familias con unos ingresos mínimos se ven obligadas a elegir entre pagar el alquiler, o cubrir otras necesidades básicas", explicó Palazón.

La pandemia también supuso un duro golpe para determinadas personas, que tuvieron que cesar temporalmente en su actividad laboral, lo que literalmente les llevó a la bancarrota y se vieron en la necesidad de recurrir a estas ayudas para poder afrontar el pago de un alquiler. Desde Cáritas en la Región transmitieron que "la situación actual es más estructural: hay una grave escasez de viviendas disponibles, un encarecimiento sostenido de los alquileres y requisitos cada vez más exigentes para acceder a una vivienda (como varias mensualidades de fianza, ingresos estables o nóminas altas), lo que deja fuera a muchas personas en situación vulnerable", según Palazón, que está acostumbrada a trabajar a diario con personas que viven en precario. Por eso, valoran positivamente que el Ejecutivo regional lance este tipo de ayudas, ya que son una herramienta muy útil, que constituye un auténtico "salvavidas" para estos colectivos. Sin embargo, Palazón esgrimió que "el presupuesto sigue siendo insuficiente ante la magnitud del problema. Una de nuestras mayores preocupaciones son las personas en situación administrativa irregular, que quedan excluidas de todas las ayudas, a pesar de encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Es imprescindible avanzar hacia modelos más inclusivos, que no dejen a nadie atrás".

No en vano, los índices de pobreza sitúan a la Región de Murcia como una de las comunidades con mayor número de personas en riesgo de vulnerabilidad o exclusión social, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha y empatado con Extremadura. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 4 de cada 10 personas en la Región de Murcia no pueden irse de vacaciones, o no pueden hacer frente a gastos imprevistos, lo que denota el escaso margen de maniobra que tienen sus economías domésticas.