La inseguridad jurídica lastra más el impulso en la construcción en la Región de Murcia

El actual escenario económico basado en la inflación, la incertidumbre y la crisis de materias primas no hace más que aumentar la preocupación de empresarios y trabajadores de todo el país. En la Región de Murcia, uno de los sectores que más se ha pronunciado sobre el actual estado económico nacional es el de la construcción, que lleva meses incidiendo en la falta de profesionales así como en el fin del sistema de revisión excepcional de los precios de obras públicas, que venció en marzo y compromete las inversiones del Plan de Recuperación, que cuenta con fondos europeos. Precisamente, en este ámbito, el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, puso de manifiesto que la inseguridad jurídica es uno de los principales obstáculos que se encuentra la patronal a la hora de poner en marcha diferentes proyectos.

«Necesitamos que vuelva el mecanismo de revisión excepcional de precios. Las empresas lo necesitan y los trabajadores también. De lo contrario, corremos el riesgo de que 350 millones de euros no lleguen a la Región».

Así lo dijo esta semana tras reunirse en Madrid con el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández-Alén, quienes analizaron la «complicada situación tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar el mecanismo excepcional de revisión de precios de la obra pública».

En este sentido, según se desprende de una encuesta realizada por la patronal murciana entre las empresas del sector, se concluye que «hay administraciones públicas, especialmente las locales, que no están dando respuesta» a las solicitudes de demandas de obra. El presidente de Frecom insistió en que la «ineficacia o estrategia malintencionada de no dar respuesta por parte de algunos ayuntamientos genera inseguridad, además de suponer un abuso de la figura del silencio administrativo negativo del sistema para no tener que abonar dicha revisión». En consecuencia, la Federación va a comenzar una ronda de reuniones con las administraciones, principalmente las locales, para solicitar un compromiso de respuesta.

En relación a la situación actual, el presidente de la patronal insistió en que las medidas del Gobierno de España están siendo «preocupantes» y lo único que consiguen es «acrecentar la incertidumbre y la inseguridad».

«Creemos que el Gobierno de España está tomando decisiones de espaldas a los empresarios y de espaldas a la realidad. Suben los impuestos, también los costes laborales, el precio de la energía y de las materias primas, pero igualmente se elimina la revisión de precios. Debemos pensar en clave de desarrollo económico y generación de empleo y esta no es la línea», zanjó.

6.300 disoluciones

Por su parte, desde el CNC, apostaron por prorrogar la revisión excepcional de precios e incluirla como un sistema estable dentro de la ley de contratos del sector público. Fernández-Alén, a través de la CNC, afirmaba que prueba de que el sistema de revisión excepcional de precios ha «discriminado» a la gran mayoría de las obras es que durante el pasado año «las disoluciones de constructoras aumentaron un 17 por ciento, hasta superar las 6.300». Por su parte, los concursos de acreedores se dispararon un 28 por ciento, «afectando a más de 1.500 empresas, fundamentalmente pymes».

La patronal señaló que estos datos se deben a que, entre enero de 2021 y noviembre de 2022, el incremento del precio de los materiales básicos para la construcción fue del 138,5%, según los índices de coste del sector elaborados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.