La España autonómica no es bilateral

Pedro Sánchez ha dispuesto para los próximos días convertir La Moncloa en una pasarela/locutorio del poder político y territorial. El aspirante socialista a la Presidencia ha revestido la noria institucional de un solemne afán por desencallar la gobernabilidad y poner punto final a la condición de interinidad que acompaña a la nación desde hace meses, si no años, atosigada por la fragmentación parlamentaria. Esta primera reacción después de conocer el encargo del Rey supone de facto reconocer que el líder del PSOE carece de la mayoría suficiente para refrendar su condición de jefe del Ejecutivo. O lo que es igual, en cuanto a lo mollar, lo que interesa de verdad a la ciudadanía, el panorama se ha movido poco, más allá de su transacción con Unidas Podemos y la hipertrofiada estructura gubernamental que se nos anuncia para satisfacer anhelos. De nuevo, Pedro Sánchez recurre a la añagaza de instrumentalizar la magistratura pública que ostenta con el fin de lograr réditos personales y partidistas. La ronda de un presidente del Gobierno en funciones con los barones autonómicos carece de sentido en cuanto a que se trata de una anomalía por el objetivo perseguido. El papel de los territorios no es interceder o intermediar en los avatares sobre el desenlace del futuro jefe del Ejecutivo, porque su ámbito y sus preocupaciones son otros que pasan por atender sus deberes competenciales que no son precisamente el cumplimentar una parada monclovita ni asumir el rol de títeres en un teatrillo en el que es otro el que mueve los hilos. Que toda esta «performance» pueda tener como propósito que el peregrinaje de Joaquim Torra pase inadvertido parece un esfuerzo llamado a convertirse en inútil. El propio presidente de la Generalitat se encargó ayer de disipar la cortina de humo. Calificó de insuficiente que Pedro Sánchez le llame a una ronda de contactos como un presidente autonómico más y demandó respeto institucional, bilateralidad, reconocimiento de los sujetos políticos y una propuesta para «dar salida a la autodeterminación y el fin de la represión». Con estas premisas no se puede dar por hecho que Torra le coja el teléfono y menos después de conocer que no será el primero en recibir la atención presidencial, como reclamó puerilmente la Generalitat, sino el segundo tras Íñigo Urkullu. Nos encontramos en otra operación de distracción para llenar los huecos de la agenda mientras la negociación con ERC avanza hacia un porvenir brumoso y blanquear la relación bilateral que la administración independentista exige para apoyar al candidato Sánchez. Los barones socialistas y populares tienen en este montaje una oportunidad para poner pie en pared sobre lo que supone para el Estado y lo que es más grave para los ciudadanos de sus respectivas comunidades una relación de privilegio, de tú a tú, entre Madrid y los gobiernos separatistas. La bilateralidad que Pedro Sánchez y la izquierda pretenden consagrar como una circunstancia meramente estética, pragmática y tangencial no lo es en cuanto que erosiona un principio medular de la España constitucional como es la cohesión y con ella la igualdad. Ningún territorio, pero tampoco ningún ciudadano del Estado, está por encima de otro y, por consiguiente, nadie es inferior a nadie, ni puede ser beneficiario de una preferencia que se convertiría de forma automática en un agravio intolerable. No existe una España bilateral, sino una España de todos, con justicia y solidaridad. Torra no es mejor que otro español nacido en cualquier otra región simplemente por ser catalán, aunque así lo piense. El supremacismo es profundamente reaccionario e intolerante y la bilateralidad es un cauce que lo certifica como una particularidad inocua. Los presidentes autonómicos están obligados a frenar una deriva tóxica para sus gobernados. Su pasividad sería en realidad una deslealtad insoportable.