El Estado de Carlos III en América

En el reinado de Carlos III (1716-1788) se distinguen dos etapas, cuyos contenidos ofrecen significados políticos diferentes entre sí. La primera (1759-1775) se orienta hacia la afirmación y consolidación del núcleo de decisión del Estado, para lo cual se produce una sistematización del medio institucional del Estado. La segunda etapa (1776-1788) se perfila hacia el objetivo prioritario y puesta en vigor de una política «nacional» por medio de un gobierno nombrado directa y personalmente por el Rey; se trata de la consecución de una unidad administrativa reformista que claramente trata de promover una vía de modernización a otros Estados europeos y la necesidad de equilibrio entre la política nacional y la internacional, que se manifiesta en el ajuste a las nuevas concepciones estratégicas, que procedería llamarla «nacionalismo ilustrado».

Dos notas distintivas: la burocracia y su omnipotencia administrativa, cuya solución, con anterioridad a la reforma de Carlos III, correspondía a los Consejos y, en segundo lugar, la Ilustración y el proceso global de secularización, de modo particular en las regiones y provincias del mundo americano, como ocurre, por ejemplo, en las reformas de Portales en Chile. La coherencia de los Reinos y Provincias americanos se centró en el Consejo de Castilla. En el nuevo gobierno, constituido en 1776, adquirió personalidad la Secretaria de Indias. En América se produjo la aparición de un «sujeto estratégico», asentado sobre un cuadrilátero: Virreinato de Buenos Aires, Intendencia de Caracas (ambas entidades creadas funcionalmente en 1776), Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de la Nueva España (1776), y, por último, la potenciación del valle del Mississippi, en torno a la Luisiana. Una estructura estratégica atlántica que rebaja la preeminencia estratégica que tenían los Virreinatos de Nueva España y Perú y que responde a la basculación del Atlántico de la América nueva respecto al Pacífico de la América tradicional. Simultáneamente, se promueve la innovación de las Intendencias de fundamental función regionalizadora del territorio. No se trata de una «conquista burocrática», sino de un condicionamiento territorial y estratégico que apunta a importantes objetivos: la creación de fronteras naturales de exclusividad comercial; la potenciación de sociedades criollas y peninsulares, con intereses comunes; la atención prioritaria al comercio atlántico; la sustitución de la idea de «defensa», por una mayor operatividad; los vínculos de zonas de interés estratégico con sectores de refuerzo del Caribe; y, por último, la tendencia a la regionalización operativa mediante la política de Intendencias.

El sistema político presenta, pues, una coherencia innegable, pero debe tenerse muy en cuenta que en el escenario americano la realidad impone enormes variables: en primer lugar, en el orden burocrático, las nuevas instituciones son nuevas ideas que originan resistencias de intereses locales por parte de los Cabildos, reductos de la sociedades criollas; en segundo lugar, porque la reformas dieron como inmediato resultado la presión fiscal, que se manifestó en motines de protesta y movimientos contrarreformistas; los ejemplos más característico fueron la rebelión de Tupac Amaru (1780) y las revueltas mexicanas de 1810.

En la reforma de objetivos ocupa lugar importante la atención a las dos grandes organizaciones, la eclesiástica y la militar. La misión religiosa de la Iglesia era de base inmobiliaria y capitalista territorial, que la convertían en sociedad financiera con extensas bifurcaciones que tuvieron amplia ramificación de efectos en la expulsión de los jesuitas. El Estado de Carlos III trató de reducir la inmunidad eclesiástica mediante la nivelación social. En la resistencia a tales proyectos hay que poner uno de los motivos del desarrollo del proceso histórico de la emancipación, predecesor del más profundo de la independencia; de modo especial, teniendo en cuenta el alto número de criollos integrados en el clero y de los que eran educados por las Órdenes religiosas. También debe tenerse en cuenta la extensión del fuero militar a criollos y mestizos por la necesidad defensiva derivada de la situación internacional, sobre todo en la extensa zona circuncaribe, que originó muchas consecuencias. A partir de las Ordenanzas de 1768 la importancia y el prestigio del Ejército fue incesante y su tendencia a la profesionalización, con adquisición de fueros especiales, produjo un constante aumento de la demanda de filiación. Ello pese al fuerte obstáculo supuesto por el criterio de los reformistas españoles, orientados a una incidencia geográfica, administrativa, política y económica, que tendía a la consecución de una fecunda integración de vínculos e intereses mutuos hasta «constituir un cuerpo unido en Nación», como dice el informe de los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes y José Moñino, del año 1768. Los distritos de las Intendencias fueron una posibilidad de intereses en la línea social y económica. Son algunas de las respuestas a los estímulos característicos del Estado de Carlos III.