PSOE y PP deben proteger al Rey

La abdicación de Juan Carlos I el 18 de junio de 2014 no sólo fue un cambio en la Jefatura de Estado, sino en la sucesión en la Corona. Un imprevisto legalmente solventado a través de una Ley Orgánica refrendada por el todavía Rey y aprobada por las Cortes Generales, tal y como estipula la Constitución. Institucionalmente fue una operación perfecta, lo que mostró que el engranaje del Estado funcionaba y, sobre todo, la lealtad y responsabilidad de los partidos mayoritarios que han tenido responsabilidad de gobierno en España, PSOE y PP. Dudamos de que de producirse una crisis de ese calibre en la institución monárquica en este momento se hubiese resuelto con tanto temple. He ahí el hecho diferencial de entonces y ahora, y que, en esencia, es el problema que tiene delante Felipe VI. Por lo tanto, ni socialistas en Gobierno ni populares en la oposición deben olvidar cuál debe ser su papel ahora. La Monarquía parlamentaria es consustancial a nuestra democracia, desde el desarrollo mismo de la Transición a través del desmontaje del régimen franquista, a convertirse en la institución central de un país nuevo y reformado donde tenían cabida todas las opciones políticas.

La Monarquía de todos, como solía decirse, destacó por su tolerancia e impecable apartidismo, herencia que hoy es el máximo haber de Felipe VI. Aquel cambio en la sucesión materializado el 19 de junio de 2019 con la proclamación del nuevo Rey, representó, de facto, una ruptura con los errores personales cometidos por Don Juan Carlos y que su hijo ya dejó claro en su discurso de proclamación: «Velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente... hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública». En la actual tesitura abierta por la investigación del Tribunal Supremo de las cuentas de Don Juan Carlos, Felipe VI no tiene más objetivo que dar cumplimiento a su propósito de ejemplaridad, rompiendo con cualquier vínculo de malas prácticas en la Familia Real, incluso con medidas simbólicas desde el punto de vista dinástico. Sin duda, la sociedad demanda claridad y corrección ética, como es propio de una democracia avanzada como la nuestra y por el mismo compromiso del Rey con la limpieza en los asuntos públicos. El jefe del Estado tomará las medidas necesarias para preservar los principios morales de la institución, de eso no nos cabe la menor duda, pero es importante que el oportunismo político que practica tanto aventurero llegado a la política no utilice deslealmente los problemas de Don Juan Carlos para introducir un debate sobre la necesidad de un cambio en la forma de Estado, vieja consigna de los que anhelan acabar con el «régimen del 78». Independentistas que no perdonan que Felipe VI saliera en defensa de la Constitución y la unidad de España en su discurso del 3 de octubre de 2007 y Podemos y su quimera de una república al servicio de un izquierdismo primario han encontrado en el actual Gobierno un apoyo que nadie hubiera imaginado y que, sin duda, ha desequilibrado nuestra estructura constitucional.

El país se ha ido dividiendo –la crisis del coronavirus ha sido la última muestra– y no podemos permitir que se parta aún más abriendo una nueva trinchera: o monárquicos o republicanos. Como había resuelto hace 43 años Santiago Carrillo, democracia, eso es lo que está en juego. Y es Felipe VI quien en estos momentos encarna la opción más tolerante, inclusiva y abierta de las formas de Estado. Seguimos el ejemplo de viejas democracias europeas, pero es necesario que los partidos de Gobierno, y especialmente el PSOE, tengan una posición firme sobre el futuro de la Monarquía parlamentaria. Ahora es el momento de que Pedro Sánchez gestione con responsabilidad la situación tendiendo la mano a Pablo Casado, porque lo que está en juego es la estabilidad misma del tan denostado «régimen del 78» sobre el que está anclada nuestra democracia.