Esa mezcla letal

España es una nación desarrollada que disfruta de una democracia plena, entre las más avanzadas del mundo. Esta afirmación, sobre la que existen pocas dudas, es objeto de un debate interesado, que ha sido impulsado, paradójicamente, desde el seno del mismísimo Gobierno de España, en el que existe una coalición entre el populismo de un partido radical y el populismo de un partido cada día más radicalizado. A ella se suman, de manera habitual, el resto de radicalismos y populismos españoles, porque el denominador común del anti-españolismo es el mejor pegamento para las piezas de ese rompecabezas dispuesto a romper naciones que es el Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. La calidad de nuestra democracia está acreditada, además de por la percepción que nos ofrece el más elemental de los análisis, por diversos indicadores. Así, el Democracy Index, que elabora la Economist Intelligence Unit (EIU) de The Economist, que califica a España claramente como una democracia plena, o el World Justice Project, que coloca a nuestra nación entre los principales países del ránking europeo. A quienes no les gusta que se hable bien de España les molestan estas cosas. Puede que sus referentes sean Venezuela o Rusia, o sus propias iniciativas legislativas, en las que consideran que enaltecer terroristas y humillar a sus víctimas es libertad de expresión y mantener opiniones contrarias a las suyas un delito de opinión. Su problema, claro está, es que ellos solo ven el ultra en el ojo ajeno, y por eso, esta España constitucional, libre y desarrollada les gusta entre poco y muy poco.El disgusto, además, lo convierten en desprecio. Por eso, critican un periodo universalmente admirado, como el de la transición democrática; denostan a un poder independiente, fuerte y vigoroso, como el judicial; menosprecian a otro poder, con una función de control que es esencial, como el Parlamento; y trabajan contra una institución que le rinde extraordinarios servicios al Estado, como la corona. La Constitución, que es la plataforma logística sobre la que se ha erigido el mejor periodo de nuestra historia en términos de bienestar, libertad y convivencia, es la principal piedra en el camino de quienes no creen en España, un obstáculo que hay que ignorar, preterir o remover. Ese es, desde luego, el principal objetivo de los que desde el Gobierno utilizan la Administración General del Estado para demoler el Estado. Algo que hacen con la complicidad, siempre pasiva y a veces activa, de los que se lo permiten desde la otra parte del gobierno, y ello dentro de un partido político que otrora representó una izquierda comprometida con la unidad de España y la defensa de la Constitución, pero que hoy lo está más con el mantenimiento de un Gobierno a cualquier precio, pagando los peajes que haga falta. No debemos llevarnos a engaño, ni mantener falsos debates. El problema no es si España es o no una democracia plena, porque lo es sin ningún género de duda. El debate es si España se puede permitir que una mezcla letal de radicalidad con debilidad arriesgue y amenace precisamente la plenitud de nuestra democracia.