Inmigración
Fronteras abiertas
Existe, sin embargo, una alternativa para defender las fronteras abiertas: renunciar a los planteamientos izquierdistas
La izquierda suele postularse como defensora de la libre circulación de personas, de las llamadas fronteras abiertas, pero existen dos grandes problemas en semejante propuesta a los que esta ideología no suele dar respuesta por cuanto contradicen otros de sus valores de fondo. En primer lugar, el estatus político del inmigrante: si los nuevos entrantes cuentan con derechos políticos (en particular, con derecho al sufragio activo), entonces el riesgo de que se produzca un cambio de régimen constitucional a través de las fronteras abiertas resultaría muy elevado. Las comunidades políticas más razonables suelen exigir un periodo mínimo de residencia continuada para adquirir derechos políticos: pero, para la izquierda, los derechos políticos son tan consustanciales al ser humano como el derecho a la vida o a la libertad personal, de ahí que se niegue a restringirlos incluso para los nuevos entrantes. En segunda lugar, los derechos económicos de los inmigrantes frente al Estado: las fronteras abiertas podrían potencialmente implicar la entrada de decenas de millones de personas con muy bajos ingresos y no queda muy claro cuál es la propuesta de la izquierda frente a ello. ¿Ofrecerles a todos ellos un subsidio estatal con cargo a los impuestos de los contribuyentes nacionales? En tal caso, el riesgo de bancarrota estatal resultaría muy obvio. De ahí que algunos intelectuales de izquierdas sensatos, como Philippe van Parijs, hayan reconocido que las fronteras abiertas son, en el mundo actual, incompatibles con el ideario redistributivo de la izquierda y propugnen, en su lugar, fronteras cerradas que limiten la redistribución de la renta a los nacionales. Existe, sin embargo, una alternativa para defender las fronteras abiertas: renunciar a los planteamientos izquierdistas. La única forma realista de abrir las fronteras en el mundo actual sería limitando enormemente los derechos políticos (que no los civiles o penales) y los derechos económicos frente al Estado de los nuevos inmigrantes. Por ejemplo: «cualquier persona extranjera puede entrar en España bajo la condición de que no dependa del erario estatal ni se asiente sobre espacios públicos, de que no adquiera (hasta pasado un prolongado periodo de tiempo y sometido a otros requisitos restrictivos) derechos políticos y, por supuesto, de que no cometa delitos contra sus conciudadanos». Esta propuesta, que sí permitiría una razonable apertura de fronteras, sería del todo inaceptable para la mayoría de personas de izquierdas (no, en cambio, para la mayoría de personas liberales), de ahí que a efectos prácticos la izquierda contribuya a consolidar el cierre de fronteras.