Salario mínimo y jóvenes

PSOE y Podemos ya han decidido que volverán a subir el salario mínimo interprofesional durante este año 2021 hasta alcanzar los 969 euros mensuales en catorce pagas y, por tanto, los 1.130 euros en doce. A su vez, también han acordado la senda de incrementos en 2022 y 2023, hasta situar al SMI de toda España en 1.200 euros mensuales en doce pagas. Al margen de lo que uno pueda opinar sobre los efectos agregados de este tipo de medidas (la última y mejor evaluación de que disponemos, la del Banco de España, estimaba que la subida del SMI en 2019 había provocado la pérdida de hasta 170.000 empleos), lo que sí debería quedar claro es que esos efectos (para bien y para mal) no son homogéneos ni entre colectivos profesionales ni entre territorios. Dicho de otro modo, en la medida en que el salario mínimo pueda dificultar la creación de empleo (y parece que ciertamente lo hace), ese efecto será tanto mayor en algunos territorios de la geografía española y entre algunos colectivos de trabajadores. En particular, el SMI será especialmente dañino en aquellas regiones relativamente más pobres de España y, a su vez, entre los colectivos profesionales relativamente menos productivos.

Empecemos con los territorios: en 2023, el salario mínimo se ubicará, como decimos, en 14.400 euros anuales mientras que, en algunas autonomías como Extremadura, el salario medio actual es de 20.000. Dicho de otra manera, el salario mínimo superará el 70% del salario medio de esas regiones (suele considerarse peligroso cuando se ubica por encima del 60%), lo que contribuirá a dificultar aún más la creación de empleo en las mismas (que suelen ser, para más inri, aquéllas con una mayor tasa de paro).

Sigamos ahora con los colectivos profesionales: muchos de los jóvenes que acceden por primera vez al mercado laboral suelen hacerlo a unos salarios bajos acordes con su inexperiencia inicial, de modo que impedirles trabajar a menos que algún empresario esté dispuesto a pagarles como poco 14.400 euros anuales puede conducir a que algunos de ellos ni siquiera lleguen a encontrar un empleo y, por ende, no puede amasar la experiencia que con el tiempo les permitiría conseguir mejores salarios. Tan es así que el ya mentado informe del Banco de España estimaba que el colectivo que salió peor parado con diferencia de la subida del SMI en 2019 fue el de los jóvenes. Aproximadamente el 4% (1 de cada 25) de los jóvenes en activo perdieron o vieron frenado su acceso al mercado laboral como consecuencia del alza del SMI de ese año.

Con las altísimas tasas de paro juvenil que padece España, debería resultar inaceptable que se siga subiendo indiscriminadamente el SMI y, por tanto, condenando a aún más jóvenes al desempleo. Porque acaso ésa debería ser la clave: si no se procede a eliminar el SMI, como poco deberíamos establecer salarios mínimos diferenciados por territorio y por edades. Negarse a hacerlo no te vuelve más social, sino más insensible hacia el daño social que este tipo de medidas ideologizadas termina haciendo a decenas de miles de ciudadanos anónimos.