Ministerio de Justicia

La ministra de la Justicia feminista

La ministra de Justicia, juez de carrera —me niego a denominar «juezas» a las mujeres jueces, luego vuelvo sobre ello— ha dado varios titulares en una entrevista publicada ayer. De ellos me quedo ahora con tres. El primero es que el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ «compromete nuestra imagen internacional». Ya es positivo que a la ministra le preocupe nuestra imagen exterior, y ojalá solo fuera por eso; pero lo refiere a una conversación al efecto con el Comisario de Justicia de la UE. Tener un Gobierno con ministros comunistas no creo que ayude a dar buena imagen en la UE, cuando el Parlamento Europeo ha condenado el comunismo homologándolo al nazismo, por ejemplo. O que la actual FGE tenga tanta apariencia de neutralidad como ella por seguir en el ámbito judicial.

Otro titular es que espera que el TC «esté a la altura del contexto social en su sentencia sobre el aborto». Es decir, que para ella «estar a la altura» es reconocer el aborto como derecho y validar la ley socialista como constitucional. Lo otro no es estar a la altura, lo que es un visible ejemplo del concepto de imparcialidad que ella encarna como juez en su intensa carrera política, como diputada socialista autonómica en Madrid, delegada del gobierno –sanchista– contra la Violencia de Género; presidenta del Senado y ahora ministra de Justicia. Una carrera judicial de absoluta independencia de adscripción política, como vemos.

«A las mujeres que ejercen la prostitución hay que ayudarlas, no sancionarlas» es su progresista respuesta al hecho de que en la actualidad esté sancionado realizar esta actividad en la proximidad de centros escolares, y quiera eliminarse esa prohibición. No sé si la mejor manera de ayudarlas es permitir la prostitución a la vista de niñas y niños que, por otra parte, también tienen derechos. Entre ellos, el de alejarlos de esas poco edificantes prácticas.

En cuanto a la aplicación al lenguaje del feminismo más radical (ese denominado lenguaje «inclusivo») llamando «juezas» a las mujeres jueces, o «portavozas» a las portavoces, es un ejemplo más del absurdo al que lleva esa ideologización lingüística. La letra «z» final de las palabras no es masculina, e incluso es femenina muchas veces: la voz, la coz, la tez, la faz…, por lo que su presunta feminización está fuera de lugar gramatical y conceptual. Pero la ministra es feminista y no hay más que hablar.

Esa selectiva –más bien sectaria– inclusión lingüística según los casos, da lugar a curiosas situaciones, como inventar el sufijo «es»: «todes», «les»… y feminizarlo a discreción cuando ya viene incorporado en la gramática. Como con los jueces y «juezas», por ejemplo.