Democracia de pandereta

La democracia supuestamente canaliza la voluntad del pueblo en forma de leyes concretas que terminan rigiendo la vida en comunidad.

La teoría tiene, sin embargo, diversos fallos. El principal es que no existe nada similar a la voluntad del pueblo: existen preferencias de sujetos individuales que se agregan de formas más o menos arbitrarias (la regla electoral es tan relevante como el conjunto de votos para arrojar un resultado final u otro). Es lo que se conoce técnicamente como «el teorema de la imposibilidad de Arrow».

Pero ciertamente la única complicación de tan ilustrada teoría no es ésa: otra (entre muchas m) es que, aun cuando fuera posible agregar las preferencias de los ciudadanos de un modo unívoco e incontrovertible, el objeto de la votación puede manipularse convenientemente para a su vez manipular el resultado.

Tomemos como ejemplo lo acaecido en el Congreso este pasado martes: el gobierno debía convalidar el decreto que restablece el uso obligatorio de mascarillas en exteriores; dado que se trata de una medida inútil y sin respaldo científico, no sólo «las derechas» votarán en contra, sino que también amenazan con hacer lo propio parte de los socios tradicionales del Ejecutivo. Ante el riesgo de que el decreto fracase, ¿qué hace el gobierno? Fusionar en el mismo decreto a convalidar dos medidas que no tienen absolutamente nada que ver: por un lado, la ya mentada obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores; por otro, la revalorización de las pensiones según la inflación de 2021.

Votar no a lo primero implica, por tanto, votar no a lo segundo. Algo como: «si estás en contra de que sea obligatorio llevar mascarilla en exteriores, también estás en contra de que se revaloricen las pensiones». Finalmente, y torciendo de este modo el sentido del voto, el gobierno consiguió convalidar su decreto-ley.

¿Hasta qué punto cabe pensar que se trata de una medida respetuosa con las preferencias de los ciudadanos? Éstos bien podrían haberse opuesto a las mascarillas y aceptar simultáneamente revalorizar las pensiones. Pero el Gobierno secuestró la posibilidad de expresar cada uno de estos pareceres por separado: es decir, que el gobierno ha secuestrado en esta votación la democracia para imponer despóticamente su voluntad.