Unas elecciones pendientes de resolución

Las elecciones en Castilla y León han dejado un paisaje postelectoral en el que –casi– todo es posible: que se pacte y que no se pacte, que se forme gobierno y que no se forme. A falta de mayorías claras que permitan gobernar en solitario –¿recuerdan aquellas jornadas electorales en las que uno se iba a la cama sabiendo quién era el presidente?–, el panorama es el que es: toca hacer números.

La opción de que el PP de Mañueco gobierne en minoría no parece muy factible, pues un PSOE que no quiere darse cuenta de su fracaso se niega también a abstenerse y facilitar esa opción, que dejaría fuera de las negociaciones a Vox. Prefieren los de Pedro Sánchez jugársela con esa posible coalición, pese a sus constantes alertas antiultraderecha, que facilitar un gobierno en minoría del PP, ni por responsabilidad de Estado siquiera. Quizá porque saben bien que se les agota el «que viene el lobo» pero que es la existencia de este, su amenaza más o menos real por comparecencia, la que les da vidilla y posibilitaría la tan necesaria movilización de su votante.

Tampoco Vox está dispuesto a facilitarlo, pues se siente legitimado electoralmente, y lo está en realidad (no menos que cualquier otra formación en la misma situación) para formar parte de un gobierno. Sus exigencias, eso sí, son claramente inaceptables para los de Mañueco, así que más parece que, sabiéndolo, las han planteado directamente para que sean rechazadas. Tal vez porque los votos de Vox nacen de cada paso levemente izquierdizado de un PP que, en ocasiones, parece pedir disculpas por ser de derechas y tiende, pazguatamente, a querer parecerse al PSOE en determinados asuntos, las llamadas batallas culturales principalmente.

De hecho, la exigencia planteada por García-Gallardo nada más conocerse los resultados fue, abiertamente, derogar «normativas de izquierdas», que incluyen la ley de violencia de género autonómica y el decreto de Memoria Histórica. Así, Mañueco se ha visto forzado a contestar con una consigna que no le movilice a lo más histérico del debate público, con un «la igualdad entre hombres y mujeres no es negociable para el PP» que, otra vez, le abre poro en el casco por acomplejadillo en estas lides. Esto le aleja claramente de la opción de un gobierno de coalición PP-Vox, por clarísimas diferencias. Parece que aquí nadie acaba de entender la definición del verbo «negociar» y todos creen que se parece más a la de «fagocitar» que a una pretensión sincera de entendimiento para alcanzar un acuerdo entre dos partes mediante el diálogo.

Podría parecer que esto ya lo hemos vivido, que como en aquella ocasión en la que Sánchez no podría dormir si pactaba con Podemos, y Podemos no iba a regalar sus votos, ahora Mañueco no podría hacerlo pactando con Vox, pero este se ve fuerte y aspira a sorpaso. Por eso no sería de extrañar que no se alcanzaran acuerdos y que, como entonces, se vean obligados a convocar nuevas elecciones en las que ya sí se verían obligados a claudicar, bailando con la más fea. Tampoco ayuda la aparición de nuevas formaciones que compartimentan mucho más el voto, deslavazada tanto la izquierda como la derecha, dejando además, con la lenta defunción de Ciudadanos, un páramo yermo ausente de representación para el centro. En realidad, y a la vista de todo esto, parece que aquí no gana nadie, ni siquiera el electorado que, en caso de incapacidad de sus representantes para alcanzar un acuerdo, se vería obligado a volver a pasar por las urnas como si el que yerra fuese él.