César Vidal

Cataluña y Blanquerna

La Razón
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En 2013, unos jóvenes irrumpieron en el Centro cultural Blanquerna de Madrid durante un acto independentista catalán. Pretendían protestar por una ofensa contra su patria y profirieron gritos de «¡Cataluña es España!». Las fuerzas del orden público y la administración de justicia actuaron rápidamente y los muchachos se vieron enjuiciados y condenados. Concretamente, en estos días deben ingresar en el centro penitenciario para cumplir condenas que se acercan o superan, en la mayoría de los casos, los cuatro años de prisión. Se mire como se mire – y nadie va a negar que la alteración del orden debe penarse –, la sentencia es muy rigurosa y a mí, personalmente, me recuerda ese principio del derecho romano que afirma que «summa iustititia, summa iniuria», es decir, una justicia aplicada con un rigor excesivo acaba siendo una suma ofensa contra la misma justicia. Sin embargo, lo peor de este episodio es la terrible vara de medir que contemplamos. En Cataluña, ya son millares los que han pisoteado la legalidad, han desobedecido las resoluciones judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo, han pasado por alto las órdenes de las autoridades legítimas, han agredido a las fuerzas del orden público, han incurrido en conductas que sólo pueden calificarse como delitos de sedición y de rebelión y, sin embargo, ni han sido juzgadas, ni han sido condenadas ni existe el menor indicio de que vayan a resultar sancionadas por conductas mucho más graves que irrumpir en un centro cultural gritando que Cataluña es España. Quizá es que nuestras instituciones han terminado incorporando a su manera de comportarse aquel dicho cínico que afirmaba que un delito aislado es un crimen, mientras que un delito cometido de manera masiva resulta simplemente una estadística. De ser así, no cabe la menor duda de que los jóvenes que gritaron la españolidad de Cataluña en un acto secesionista son peligrosos criminales, mientras que los que atacan a la Policía, pretenden desmembrar España, sueñan con liquidar el orden constitucional o se llevan la parte del león del FLA –porque Montoro se lo facilita, todo hay que decirlo– no pasan de ser una estadística. Quizá sea cierto, pero si hemos llegado a ese punto, reconozcamos también que se trata de una estadística criminal y que, en España, muy pronto, se cumplirán las palabras de Thoreau que afirmaban que, en ocasiones, el lugar de la gente honrada está en la cárcel.