En los mundos de Yupi en los que a menudo vivimos habíamos llegado a la conclusión de que los jueces son justos de la misma manera innegociable en que los menús de ciertos restaurantes los martes ponen cocido así revienten las costuras de agosto. Creíamos que un juez ante la prueba objetiva del insulto y la agresión no tardaría un minuto en dictar sentencia contra el violento. Resulta que no, que primero está la libertad de expresión. Bien, si me acogiera a ese argumento, el de la libertad de expresión sin límites porque me avala, a decir de la Audiencia de Madrid «la partcipación democrática», las líneas que llevo redactadas en la cabeza y que debieran seguir este artículo me llevarían a la cárcel. Si alguien quiere conocerlas que me las pregunte en privado. Ésa es la democracia que promulgan ciertos jueces. Los violentos pueden decir o hacer lo que les apetezca mientras los demás han de morderse la lengua hasta que vomiten de vergüenza ajena. Queda muy bien ese lugar común de los politicos cuando afirman que acatan como no podía ser de otra manera las decisiones judiciales, aunque el Gobierno de la Generalitat se las pase por la estatua de Colón. Sólo hice primero de Derecho y por «sugerencia» paternal antes de licenciarme en Periodismo así que los argumentos jurídicos se los dejaré a otros, pero si los magistrados legitiman el escrache nos devuelven a Atapuerca donde ya han sido probadas prácticas caníbales que se repiten millones de años después en la misma tierra abonada con sangre. Las fieras enseñan los dientes a la vicepresidenta, las Femen colocan ante Rouco un catálogo de tetas, y no pasa nada, pero en mi comunidad de vecinos sancionan a quien deje una colilla en el jardín (no he sido yo, les doy mi palabra). El teatro del absurdo que puede acabar en tragedia. El día en que la coacción termine en drama las togas negras se teñirán de rojo. Hasta entonces no despertarán los mansos.