Por salud mental

La cuestión catalana mantiene congelados debates que estaban pendientes en la sociedad española. Por salud mental, no viene mal desconectar por unos minutos del espectáculo en Cataluña y repasar otros asuntos.

Algunos son de índole socioeconómica, como el futuro del sistema de las pensiones, al que ya he dedicado algunas líneas en este diario y otros tienen que ver con derechos civiles y con la ética con la que una sociedad debe abordar algunas realidades.

En esta línea, España tiene en suspenso el debate acerca de la prostitución. Desde una situación de alegalidad, pero con la suficiente actitud cínica como para estimar sus rendimientos en el cálculo del PIB, las posiciones frente a este asunto se aglutinan fundamentalmente en dos bloques: reglamentarias y prohibicionistas.

Los unos y los otros no se alinean necesariamente con las ideologías políticas clásicas, más bien es una cuestión transversal. Como todo debate en los tiempos que corren, viene teñido de pragmatismo y carente de condicionantes éticos. De esta manera, algunos líderes políticos, como el Sr. Rivera, han llegado a afirmar que: «En plena crisis hay cálculos que dicen que la tercera actividad económica de Europa podría ser ésta», incluso, llegó más allá, cuando cuantificó los ingresos que podría obtener el Estado en torno a 6.000 millones de euros.

Otros, van a lo filosófico y se envuelven en la bandera de la libertad. Los defensores de la regularización del ejercicio de la prostitución, que exceptúan, evidentemente, las bandas organizadas y las situaciones de esclavitud a la que están sometidas miles de mujeres en el mundo, esgrimen el argumento de que si una mujer ejerce libre y voluntariamente el alquiler sexual de su cuerpo, su libertad está por encima de todo.

A su juicio, debería realizarse su asimilación con cualquier otra actividad económica, cotizando frente a Hacienda y la Seguridad Social. Tratan de priorizar la libertad individual por encima de todo, más allá de razones de control sanitario y económico.

La Sra. Gavilán Rubio, jueza y profesora universitaria, ha dedicado parte de su investigación a este debate y hace unos días escribió una tribuna de opinión clarificadora.

El resumen de su conclusión bien podría sintetizarse en una pregunta que ella misma formula: «¿Nos planteamos que (una mujer) pueda vender, muy consentidamente, su riñón? Y entonces, ¿por qué sí puede vender su sexualidad?».

La pregunta es ilustrativa, pero el trasfondo ético es mucho más profundo que el mero ejemplo. Hasta los extremistas de la libertad, como el profesor Nozick, creador de la escuela filosófica «libertarianism», inspiradora del Tea Party, anteponen la propiedad privada y la libertad individual ante todo, como condición de la existencia de una sociedad justa. Sin embargo, establecen una delimitación de esa libertad: «nadie es libre para dejar de ser libre».

El argumento cae con lógica aplastante. La razón reside en que si alguien decide hacerse esclavo de otro, por muy voluntaria que sea esa decisión, la sociedad no lo puede permitir porque estaría menoscabando su propia dignidad como ser humano.

El argumento es perfectamente extrapolable a la prohibición de la venta de un riñón o al debate de la prostitución. Tanto el comercio del primero como el ejercicio de la segunda, por muy voluntarios que sean, menoscaban la dignidad de la persona y eso no puede ser objeto de intercambio económico.

El hecho de que una sociedad ni siquiera se plantee que el alquiler del cuerpo con fines sexuales debería ser una actividad extra commercium, es un indicador de que está enferma en lo que respecta a sus valores. Machismo o hipocresía, pero está claro que el dinero no debería poder comprar algunos principios como la dignidad humana.