Probablemente, una parte de la opinión pública entenderá la decisión del Partido Popular de elevar la falta de un proyecto de Presupuestos a un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como un simple brindis al sol, pues la oposición carece de la fuerza necesaria en el Parlamento para reparar una anomalía constitucional tan grave como la que estamos viviendo, con una tercera prórroga de las cuentas públicas en el horizonte. Desafortunadamente, ese escepticismo viene avalado por el comportamiento reciente de la mayoría de los magistrados de ese tribunal, presidido por Cándido Conde Pumpido, que no han dudado en interpretar las diferencias sobre lo que se ajusta o no a la Carta Magna en una clave pro gubernamental, incluso, actuando, como en el caso de los ERE de Andalucía, a modo de una nueva instancia judicial, que se situaría por encima del Supremo, lo que puede considerarse una desviación de poder de incalculables consecuencias. Ahora bien, el hecho de que España se encuentre bajo unos dirigentes que consideran la mayoría aritmética del Congreso como el único rasgo distintivo de una democracia, hasta el punto de justificar el incumplimiento flagrante de la letra de la ley, amén de soslayar el espíritu con el que fue elaborada, no significa que la oposición tenga que aceptar como un hecho normal, política y legalmente, lo que no lo es en absoluto. El Gobierno que preside Pedro Sánchez no sólo está constitucionalmente obligado a presentar unos Presupuestos Generales al Parlamento, sino que debe hacerlo porque la discusión de las cuentas públicas de la Nación, que es el acto administrativo más significativo de un Ejercicio legislativo, forma parte del derecho que asiste a los diputados y senadores para velar por los intereses de la sociedad. A día de hoy, no sabemos qué recorrido tendrá la propuesta popular, por más que podamos intuirlo desde la experiencia reciente, pero, al menos, tendrá la virtud de denunciar ante la ciudadanía una irregularidad institucional que el Ejecutivo quiere hacer pasar como superflua o innecesaria, e imponernos como realidad aceptada e inmutable que basta con disponer del BOE y de la potestad ejecutiva con los decretos leyes para gobernar un país, lo que nos llevaría, de aceptar estas premisas engañosas, a situaciones muy peligrosas para la salud democrática de la sociedad española. No. Hay que decirlo en voz alta y con rotundidad que la falta de Presupuestos no puede despacharse como si fuera una cuestión menor, sino que implica la imposibilidad del Gobierno de cumplir con su función de gestionar los intereses de los españoles, de todos, en tiempo y forma. La prórroga, como tal, puede ser una medida excepcional, pero cuando se convierte en la norma, como es el caso, lo que toca en cualquier democracia que se precie es convocar las elecciones generales y devolver la palabra al pueblo.