El ‘autodespido’, el mejor derecho que tienen los trabajadores, según experto en fiscalidad

Cuando la situación en el trabajo se vuelve insostenible por culpa de la empresa, el primer instinto de un empleado puede ser abandonar su puesto. Sin embargo, antes de tomar una decisión tan drástica, la legislación española ofrece una vía que requiere iniciar un procedimiento formal ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Se trata del primer paso de un proceso con reglas estrictas, diseñado para que el trabajador pueda reclamar sus derechos sin renunciar a ellos de antemano.

De hecho, la regla de oro en esta situación es precisamente la contraria al impulso inicial: es fundamental no dejar de acudir al puesto de trabajo. Hacerlo podría interpretarse como una baja voluntaria, lo que supondría automáticamente la pérdida de toda indemnización y del derecho a percibir la prestación por desempleo, por muy graves que fueran las faltas cometidas por el empleador.

En realidad, esta cautela es la llave para activar el llamado 'autodespido', una figura jurídica contemplada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. A través de ella, el empleado puede solicitar ante un juez la extinción de su contrato laboral debido a incumplimientos graves de la compañía, convirtiéndose en un mecanismo de protección laboral frente a situaciones límite que no ha provocado.

Las razones que lo justifican y la recompensa económica

Para ello, la ley exige que las causas alegadas sean de una envergadura considerable. No basta con un simple descontento. Entre las más habituales, se encuentran los retrasos continuados en el salario, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo impuestas al margen de la ley, una sobrecarga de funciones que atente contra la dignidad del empleado o situaciones de acoso laboral que hagan inviable la continuidad en el puesto.

Si la demanda prospera y un juez dictamina a favor del trabajador, las consecuencias para la empresa son claras y las garantías para el empleado, máximas. La sentencia obliga a la compañía a abonar la misma indemnización que un despido improcedente, que corresponde a 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Además, esta resolución le permite acceder a la prestación por desempleo.

Por todo ello, resulta crucial que el trabajador se prepare para el proceso judicial. La carga de la prueba recae sobre él, por lo que es fundamental recopilar todas las pruebas posibles que acrediten de manera fehaciente la falta de la empresa. Correos electrónicos, mensajes o el testimonio de compañeros pueden ser determinantes para que el fallo judicial sea favorable y se haga justicia.