Lorenzo Amor, presidente de ATA: “No se puede pedir a un autónomo que cotice como un Ferrari y reciba prestaciones de un Panda”

La negociación sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos ha estallado antes incluso de llegar al Congreso. La propuesta del Gobierno, que plantea subidas mensuales de entre 17 y más de 200 euros según los tramos de ingresos, ha sido ampliamente rechazada por trabajadores, asociaciones y partidos tanto de la derecha como de la izquierda política. La asociación más representativa, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha definido la nueva iniciativa del Gobierno como “un sablazo”.

Lorenzo Amor, presidente de ATA desde 2004, ha atendido a LA RAZÓN para dar una visión que no deja espacio a la ambigüedad: “Esta propuesta es un sablazo para los autónomos que no lo pueden asumir, que no van a contar con nuestro aval. Y ya pueden elaborar el real decreto ley y llevarlo al Congreso de los Diputados”.

El dirigente de ATA asegura que el plan del Ministerio “parte de un principio erróneo”y que “los autónomos ya cotizan desde 2023 por sus ingresos fiscales”. Recuerda que el actual sistema, en vigor desde el Real Decreto-ley 13/2022, ya establece doce tramos de cotización vinculados al rendimiento neto, con revisiones cada tres años. “Eso es lo que está en la ley. Hay que hacer una revisión, pero el Gobierno no nos ha entregado las proyecciones económicas del 2024 y 2025”, apunta.

Para Amor, el Ejecutivo está incumpliendo tanto el espíritu del Pacto de Toledo como los compromisos del diálogo social que enmarcaron la reforma de 2022. “La Administración no ha hecho sus deberes. Los autónomos de este país no tienen derecho al subsidio de mayores de 52 años, al 60 % se les deniega el paro, no tienen permiso de lactancia ni retribuidos por fallecimiento o efectos climatológicos”, lamenta.

“No se puede cotizar por un Ferrari y recibir prestaciones de un Panda”

El presidente de ATA recurre a una imagen que ya se ha convertido en su lema en estos días: “No se puede pretender que un autónomo cotice por un Ferrari y reciba las prestaciones de un Panda”. Con ella resume la sensación de agravio que, según la organización, sufren los trabajadores por cuenta propia. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que no contemple solucionar los problemas que venimos arrastrando de la regularización de 2023 y mejorar la protección de los autónomos”, añade.

Amor recuerda que el acuerdo alcanzado hace tres años no hablaba en ningún momento de incrementos automáticos de las cuotas, sino de una senda de revisión. “En ningún sitio de la ley dice que las cuotas tengan que subir, ni tampoco habla de tipos. Habla de desplegar en cuanto a las bases, y eso ya está desplegado”, insiste.

En su opinión, la intención del Gobierno es claramente fiscal y no destinada a la protección social del trabajador autónomo, como argumentan desde el Ministerio: “Este objetivo no es otro que un objetivo recaudatorio. El fin de esta propuesta es recaudar 6.000 millones de euros más”.

El presidente insiste en que antes de hablar de cuotas, el Ejecutivo debería atender lo que considera el verdadero incumplimiento: la equiparación de derechos con los asalariados. “El Pacto de Toledo no habla de subir cotizaciones, sino de que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. Y eso no ha ocurrido”, enfatiza.

Carencias estructurales y una protección social desigual

Los datos de ATA apuntan a deficiencias estructurales en la cobertura del colectivo. El 60 % de las solicitudes de cese de actividad (el equivalente al desempleo) se deniegan, y los autónomos siguen sin tener acceso al subsidio para mayores de 52 años. Tampoco existen permisos por lactancia, fallecimiento de un familiar o inclemencias meteorológicas. “Imagínese que al 60 % de los desempleados se les negara el pago. Pues eso está ocurriendo con los autónomos y las autónomas de este país”, denuncia Amor.

La organización exigeuna reforma integral que no se limite a aumentar las cuotas. Reclama una mayor transparencia en la regularización de rendimientos, la posibilidad de recurrir errores de cálculo y una atención presencial en las oficinas de la Tesorería, algo que, según denuncian, hoy no se garantiza.

Entre las medidas que propone ATA figura la indexación de las subidas al IPC, la mejora del acceso al cese de actividad, la extensión de derechos sociales como el permiso por lactancia o el subsidio de 52 años, y el reconocimiento automático del cese cuando el cierre del negocio sea definitivo. “Nadie cierra un local o un negocio por seis meses de prestación media de 700 euros”, subrayan desde la asociación.

Un modelo que no distingue realidades

ATA también cuestiona la falta de diferenciación entre perfiles de autónomos. El tramo de ingresos más bajo, inferior a 670 euros al mes, agrupa a cerca de 800.000 trabajadores. En España, aproximadamente el 40 % de los autónomos (unos 1,38 millones) tienen rendimientos netos de hasta 1.166 euros al mes (13.992 euros anuales). Desde ATA aseguran que “no es justo tratar igual a quien sostiene un pequeño comercio que a quien utiliza el RETA para generar derechos de pensión”. La federación propone crear un convenio especial para estos últimos y ajustar la carga contributiva a la realidad económica de cada actividad.

La organización recuerda, además, que casi medio millón de autónomos mantuvieron sus bases de cotización de 2022 por falta de certidumbre y que otros tantos cotizan sobre bases ficticias por carecer de rendimientos positivos. Todo ello, dice, evidencia “las disfunciones de un sistema que necesita ajustes, no subidas indiscriminadas”.

El presidente de ATA insiste en que el Gobierno aún puede rectificar: “Si el Ministerio no está de acuerdo, lo tiene muy fácil: que redacte el real decreto y lo lleve al Congreso. Pero no cuente con nuestro aval para algo que castiga al autónomo y no mejora sus derechos”.

Con más de tres millones de trabajadores por cuenta propia en España, la batalla por el modelo de cotización está lejos de terminar. Amor, que lleva dos décadas al frente de ATA, asegura que el colectivo “no se opone a contribuir más si hay justicia y reciprocidad”, pero advierte: “No vamos a pagar más por nada”.