El descrédito del Congreso como legado

La ley de amnistía de Sánchez y Puigdemont está en camino de convertirse en un nuevo caballo de Atila. Nada crecerá por donde pase y corromperá todo lo que toque. Tal es el grado de toxicidad y malignidad del engendro jurídico pactado para la inmunidad de los dos coautores. Una garantía de impunidad para ambos ante lo que pudiera pasar. Los daños en todos los órdenes constitucionales e institucionales, además de imagen, reputación y crédito, serán extraordinarios. Ya lo son, en buena media, pero nada comparables a si finalmente el borrado de los delitos del procés se materializa. Las razones para que ese futuro nunca llegue son, por tanto, abrumadoras y exigen igualmente esfuerzos excepcionales en todos los ámbitos y por todos los medios que las leyes habilitan. El Partido Popular está en esa línea, y su discurso y actuaciones, aunque en ocasiones puedan parecer hasta cierto punto parsimoniosos, responden a los objetivos previstos y describen una estrategia y una ofensiva sin tregua alguna hasta alcanzar los fines con éxito. El conflicto institucional de competencias planteado por el Senado al Congreso contra la proposición de ley de amnistía por considerar que vulnera la Constitución ha sido una maniobra sorpresiva. Ha supuesto un acto de fuerza parlamentaria que, sea cual sea su eficiencia, prueba que la oposición ni resigna ni se somete ante el fraude y la corrupción del Gobierno y sus socios, que es la conducta exigible a una fuerza comprometida con la Constitución y el interés general. El litigio, de momento, ha generado tensión y controversia en el Ejecutivo y en el bloque que tiene maniatada a la Cámara Baja, con una presidencia que prefiere amordazado a su prestigioso cuerpo de letrados para que únicamente resuene la voz de su leal secretario general Fernando Galindo, y una vicepresidenta Montero que retira la soberanía nacional al pueblo para adjudicársela al Congreso, es decir, a Moncloa. La espantada de un buen número de letrados de la Cámara Baja en los primeros compases de la tramitación de esa gracia general ilegal para golpistas y corruptos separatistas pudo ser solo el preámbulo de lo que suceda cuando el pleito con el Senado ponga de nuevo encima de la mesa el atentado contra la legalidad, la convivencia y la concordia por siete votos que es la amnistía. Entonces tendrán la ocasión de tomar partido en conciencia y en derecho y quebrantar la ley del silencio de Armengol y sus acólitos. La degradación del Parlamento ha alcanzado cotas inimaginables bajo la férula de este Ejecutivo, transformado en un instrumento de su arbitrariedad. Es otro legado amargo de esa política de tierra quemada tan común al autoritarismo democrático. Por eso, el conflicto institucional entre Cámaras fortalecerá el proceso que debe acabar con la amnistía en instancias judiciales superiores sea en España o en Europa, final inapelable para que la justicia y la libertad prevalezcan.