Control sectario de la Educación

Ciertamente, la obsesión por el control ideológico de la educación no es sólo patrimonio de la izquierda española, pues sólo hay que ver el proyecto nacionalista para la escuela, pero constituye un rango distintivo de su política educativa que cada vez parece adquirir mayor peso. Así, en el proyecto de derogación de la Lomce, que es la vigente ley de Educación elaborada por el último Gobierno del Partido Popular, se pretende recuperar la figura del «comisario político» en los consejos escolares, que ya fue impuesta en la reforma de 2006, la de la LOE, como una de las exigencias que puso Izquierda Unida al PSOE para acordar su aprobación. Se trata de que en los órganos de dirección de cada centro escolar se integre un representante del Ayuntamiento, cuyas funciones de supervisión en materia educativa nunca estuvieron bien definidas, hasta el punto de que dependía de cada Consistorio el cumplimiento efectivo, o no, de la norma. Si bien, una medida de estas características podría tener su lógica en el caso de los institutos públicos, puesto que una parte de los servicios y del personal que los cubre dependen directamente de los ayuntamientos, carece de justificación en el caso de los centros concertados, entidades privadas que corren con los propios gastos de los trabajadores auxiliares. La experiencia adquirida con estos «comisarios», cuya actuación, como ya hemos señalado, dependía mucho del signo político de cada corporación municipal, fue muy negativa. Algunos delegados, es cierto, ni siquiera asistían a las reuniones, pero otros se dedicaban a dar auténticos mítines en las sesiones del Consejo escolar o utilizaban esa figura jurídica para sortear el resultado adverso de las urnas en las elecciones a los mismos consejos, y hubo quien exigió a la dirección de los centros colaboraciones extemporáneas con las actividades del Ayuntamiento que representaba. En cualquier caso, no parece que se trate de una iniciativa que mejore las funciones educativas de los colegios, ya sujetos a los controles que determinan las distintas legislaciones estatales y autonómicas. La cuestión es que esa obsesión por el control político, muy caracterizada en los partidos de raíz comunista y entre los nacionalismos identitarios, que son hoy, no lo olvidemos, imprescindibles para que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante su nueva Ley de Educación, se traduce en una persecución a la escuela concertada, con especial incidencia en aquellos centros que mantienen un ideario religioso. Así, el proyecto de ley en marcha acaba con el concepto de «demanda social» para impedir la apertura de nuevos colegios, pese a esa demanda es muy real y responde al derecho de libre elección de los padres, que debería ser reconocido. Pero es que, además, en la escuela concertada no sólo los resultados académicos son mejores, sino que el coste de cada puesto escolar es inferior al de la enseñanza pública pura. Estamos, pues, ante un nuevo intento de proceder por su pasos contados a la estatalización de la enseñanza, expulsando de la mismas a todos aquellos actores que no son considerados próximos al proyecto ideológico de la izquierda, obviando que amplios sectores de la sociedad española reclaman ese tipo de escuela para sus hijos. Mejor haría el Gobierno en buscar el mayor consenso posible en materia educativa. Porque la enseñanza pública en España, como vienen reiterando los informes de la OCDE, no padece de falta de financiación ni de formación de su profesorado, sino de una política extendida en el tiempo en la que se ha primado más la igualación por abajo que la búsqueda de la excelencia. Enfrentar a la escuela pública con la concertada, como si fueran incompatibles, es una mera opción ideológica, pero, sobre todo, es un ataque a la libertad de elección.