Ejercicio de realismo económico

El Consejo de Ministros aprobó ayer el informe de previsión de la evolución económica española para los próximos años, hasta 2016, más allá del horizonte de esta legislatura. No es algo a lo que estemos habituados, y es de justicia destacarlo: este Gobierno no ajusta su política al calendario electoral, consciente de que el desafío al que se enfrenta el país no admite consideraciones cortoplacistas. Sería deseable que la oposición tomara buena nota de este hecho y elevara el nivel político de sus intervenciones. La situación de España lo exige, y los ciudadanos, a los que se piden nuevos sacrificios, no se merecen la frivolidad y la ligereza con que algunos oportunistas despachan asuntos tan complejos como la reforma en profundidad de la Administración del Estado. En este sentido, el Consejo de Ministros hizo ayer un ejercicio de responsabilidad en la proyección de las cuentas públicas. Su análisis responde a la realidad de una crisis económica y financiera mucho más profunda de lo esperado y que se alargará en el tiempo. Un análisis que no responde exclusivamente a los indicadores españoles, sino que, forzosamente, debe tener en cuenta la evolución del resto de las economías europeas, a las que la crisis también está afectando en mayor medida de lo previsto, con la consiguiente contracción del mercado exterior. Con todo, las previsiones del Gobierno tienen dos aspectos positivos: la relajación del objetivo del déficit y la contención fiscal, especialmente en los grandes impuestos como el IRPF y el IVA. Ambos avances son el resultado de los esfuerzos presupuestarios del año 2012 y de la recuperación de la credibilidad de España ante los mercados financieros internacionales y ante nuestros socios de la UE. Porque sin los programas de reformas llevados a cabo, sin el compromiso en la correción de las disfunciones estructurales del sistema económico, hubiera sido muy difícil que Bruselas accediera a flexibilizar el ajuste del déficit, lo que, a su vez, permitirá rebajar la presión sobre las cuentas autonómicas. No hay, sin embargo, mucho espacio para el optimismo. Tampoco lo pretende el Gobierno, que ha preferido trabajar sobre hipótesis de crecimiento realistas, incluso, a juicio de algunos expertos económicos, demasiado conservadoras. Ahora es cuestión de seguir perseverando en las reformas estructurales y en el saneamiento de las cuentas públicas. El nuevo paquete de reformas, anunciado ayer, contiene algunas medidas de gran calado que, sin duda, tendrán que vencer la resistencia de la izquierda política y sindical, y de los intereses particularistas. Son, entre otras muchas, la reforma de la Administración local, la ley del mercado único, la de colegios profesionales o el cambio de la indexación de las rentas públicas. Habrá oposición, pero es preciso que salgan adelante.