Sánchez debe contar con PP y Cs

La desorientación en el bloque del independentismo catalán es absoluta. Es, además, una verdadera amenaza para la convivencia, como hemos visto el pasado 1 de octubre. No comprender que la vía unilateral es imposible –en España y en cualquier democracia moderna– y que persistir en ella sólo puede llevar a que sean procesados aquellos que la pongan de nuevo en marcha, obliga a mantener enaltecidos a sus seguidores más fieles y lleva necesariamente como consecuencia a amenazar al Gobierno y más tarde a pedir diálogo. Ningún político con sentido de Estado y mínimamente sensato puede caer en semejantes provocaciones. La última carta remitida ayer por Joaquim Torra a Pedro Sánchez pidiéndole una reunión para hablar de autodeterminación –se entiende que con esta exigencia da lo mismo poner un ultimátum– ejemplifica el absoluto desconcierto de la Generalitat dirigida desde Waterloo. Quienes no deberían perder el norte y tener claro cuál es el objetivo es el constitucionalismo, que no es otro que impedir la ruptura territorial de España y defender el orden democrático. Es innegable que ese pacto entre PSOE, PP y Cs quedó gravemente dañado en la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, gracias a los votos, precisamente, de los partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT. Sin embargo, no se debería dar por muerto, por más que la Generalitat lo celebre como un nuevo ciclo que puede favorecer el «diálogo», corrosiva invocación por parte de los que quieren acabar con el gran consenso constitucional. Dialogar, en su caso, sólo quiere decir autodeterminación. Sánchez es el presidente del Gobierno y él tiene la última palabra en las decisiones políticas para afrontar esta crisis, pero no es menos cierto que éstas son limitas dada su precaria mayoría de 86 diputados, más una amalgama de socios todos defensores del derecho de autodeterminación. Por lo tanto, Sánchez no debería olvidar que nada sustancial puede ofrecer a los nacionalistas si no es con el apoyo de los constitucionalistas. Ni referéndum, ni reforma constitucional que reconozca derechos históricos y nueva fiscalidad, ni el encaje en un modelo federal –que, por otra parte, el nacionalismo siempre ha rechazado–, ni mucho menos presionar a la fiscalía y la judicatura, que es una intención baldía. Ninguna reforma ni medida de largo alcance podrá tomar Sánchez sin el acuerdo de PP y Cs. Es difícil de entender, por lo tanto, que el presidente del Gobierno no se haya reunido todavía con Albert Rivera, que lidera el primer partido de Cataluña, que algo tendrá que decir, más allá de las disputas electorales, sobre la grave situación abierta. Con Pablo Casado el tema no ha sido tratado a fondo, a pesar de que éste le ha ofrecido la mayoría de los populares en el Senado para la aplicación del 155 si la Generalitat persiste en la vía unilateral o no se responsabiliza de los problemas de orden público vividos el pasado 1 de octubre. Es atribución del presidente del Gobierno convocar elecciones, y puede hacerlo incluso sólo atendiendo a sus intereses particulares y partidistas, pero no habrá una solución al problema abierto por el independentismo, sino se cuenta con todas las fuerzas constitucionalistas. No tiene sentido elucubrar sobre si Torra busca la aplicación del 155 porque favorecería la unida del independentismo, ahora dividido en guerras internas, o que incluso preferiría que el PSOE estuviera fuera del gobierno para galvanizar la alianza antiPP y radicalizar aún más el «procés». Sería un gran error que Sánchez no distinga con claridad entre adversarios políticos y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia.