España: algo más que territorios

La tragedia que ha golpeado a Valencia pocas dudas ofrece sobre su carácter de emergencia nacional, según lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley de Protección Civil; este artículo dispone que, entre otras, las emergencias de interés nacional son aquellas que, por su magnitud, requieran de una dirección y coordinación a nivel estatal y asimismo, el artículo 29 otorga al Ministerio del Interior la competencia para declarar este tipo de emergencias, ya sea por propia iniciativa, a solicitud de las Comunidades Autónomas o a instancias de los Delegados del gobierno. En casos como este, la respuesta no debe dilatarse: la coordinación es crucial para proteger a los ciudadanos afectados y garantizar una gestión eficaz. Sin embargo, más allá del marco normativo, este tipo de fenómenos meteorológicos extremos pone sobre la mesa un debate más profundo: ¿cómo entendemos España? Algunos, movidos por pulsiones federalistas, tienden a ver al país como un conjunto de territorios autónomos que operan bajo una lógica casi independiente, cuando en realidad los problemas y las soluciones son, y deben ser, compartidos. Este enfoque territorialista se contrapone a la idea de una España unida, solidaria y cohesionada, donde los ciudadanos están por encima de las fronteras autonómicas. Para abordar esta cuestión, es necesario entender las diferencias entre un estado autonómico, como el español, y un estado federal. El modelo autonómico busca un equilibrio entre la descentralización del poder y la unidad del Estado. Las competencias están distribuidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pero siempre bajo la soberanía única e indivisible de la nación española. En el Estado Federal los estados que lo componen tienen una soberanía compartida con el gobierno central, son auténticos territorios. Las catástrofes y las emergencias en general no entienden de fronteras ni de competencias: afectan a ciudadanos, no a territorios. Es en estas crisis donde se pone a prueba el concepto de unidad nacional y ello sin prejuicio de una adecuada escala de ámbitos de decisión, desde el local al estatal. En todo caso, en lugar de fragmentar responsabilidades o alimentar debates sobre quién debe actuar, es esencial reforzar la idea de que, en una nación como España, los problemas son de todos y las soluciones también deben serlo, y este es el principio que en caso de duda debe cerrar cualquier debate competencial. Esto no solo implica solidaridad, como la movilización de recursos desde otras comunidades autónomas o el apoyo estatal, implica una nación en la que los ciudadanos son iguales en derechos y protección, independientemente del territorio donde residan. Un desacertado enfoque territorialista diluye el sentido de pertenencia a un proyecto común. Frente a ello, el artículo 2 de la Constitución Española consagra la unidad de la nación y la solidaridad entre sus regiones y nacionalidades. Pero no se trata solo de principios legales; es una cuestión de identidad. Los ciudadanos no son valencianos, andaluces o madrileños cuando se enfrentan una emergencia, son españoles. La respuesta a la DANA en Valencia debe ser un recordatorio de que España es una nación donde las competencias son herramientas al servicio de las personas, no fronteras que las dividan. La prioridad debe ser garantizar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, reciban la ayuda y protección que necesitan en momentos de crisis. En definitiva, España es más que un conjunto de territorios: debe ser una comunidad solidaria y unida. Solo así podremos afrontar los retos que nos plantea el futuro, ya sea una DANA en Valencia o cualquier otra emergencia que demande la fuerza de una nación cohesionada. Este es el sentimiento que debería inspirar la acción política sin perjuicio del debido respeto a los autogobiernos autonómicos.