El estado mandarín

A finales del siglo XVIII, la aparición del ciudadano como sujeto de derechos frente al poder produjo un cambio radical del paradigma político. Con los derechos no desaparecieron los deberes. Los ciudadanos siguieron pagando impuestos, buenos o malos, siendo soldados, y respetando la autoridad y las leyes, ahora sí de su Nación representada por un Estado, siempre poderoso pero no impune, al estar sometido a las leyes. Y ahí seguimos en el tercer siglo de las Naciones, los Estados y el poder radicado en el pueblo.

El Estado apareció para suplantar al aparato que servía a los reyes, para aplicar y defender las leyes en beneficio de todos los ciudadanos por igual. Sus servidores, los funcionarios, fueron ganando independencia para poder defender el llamado bien común de todos. Nada requería que fueran omnipotentes, aunque sí poderosos frente a los fuertes. Mucho menos que fuesen impunes, sino al contrario sometidos a las leyes y al servicio de los ciudadanos. Todavía menos, inaccesibles: al contrario, el Estado era del pueblo y respondía ante él. En la España de hoy la situación es todo menos ideal.

Hoy la creación de la cita previa y su colapso efectivo hacen prácticamente imposible el acceso del ciudadano a aclarar muchos de sus asuntos con la Administración, frente a un sistema regulatorio omnipresente y en perenne expansión. España genera 8.000 normas al año (ver informe del Colegio de Gestores de marzo de 2023, según el cual el 92% de las citas previas fracasan).

El tiempo del ciudadano está sometido a la Administración, ultra protegida por un silencio negativo generalizado. Situación que nunca sucede a la inversa cuando al ciudadano se le pasan los plazos. Con uno de los sistemas judiciales más lentos de Europa, la Administración nunca es condenada en costas reales, ni siquiera cuando las sentencias confirman el incumplimiento de las leyes por su parte. La falta de pago en costas por la Administración acusadora hace que la defensa de sus intereses sea implantable para la mayor parte de los ciudadanos, en un sistema judicial con tiempos decimonónicos y precios de Wall Street. La Administración puede perder sin plazo, el ciudadano de a pie no puede plantearse la financiación necesaria para ganar. Mucho se perdió cuando los funcionarios pasaron de servir prioritariamente al ciudadano a defender al Estado.

Funcionarios poderosos ya nos lo describe la Biblia. Nada nuevo bajo el sol. En nuestra época moderna hemos buscado garantizar su independencia, blindando sus empleos frente a los cambios políticos e incluso la propiedad sin límite de plazo de sus puestos profesionales, si voluntariamente deciden dejar por un tiempo la Administración. Un privilegio muy limitado en el sector privado. Ya en la China milenaria de Confucio se elegía para servir al Emperador a aquellos capaces de superar pruebas de saber y conocimiento muy exigentes. También allí los mandarines acabaron siendo una casta todo poderosa e inalcanzable. Nada pasa si la Administración ignora la jurisprudencia que pueda favorecer al ciudadano en un caso específico y mucho menos si incumplen los plazos legalmente establecidos. Todos ellos privilegios inexistentes para el ciudadano. En las sociedades democráticas representan bloques compactos de votos, imposibles de ignorar en los cálculos electorales de los partidos políticos.

En la época de la digitalización, la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain, los empleos privados están sufriendo desde hace años profundas y aceleradas transformaciones, en las que desaparecen actividades profesionales tradicionales, muchas de ellas relacionadas con la intermediación y la burocracia. Sin noticia de esa transformación en el sector público donde por sus características, antes descritas, hacen imposible cambios inmediatos. ¿Han oído ustedes hablar de algo parecido a un libro blanco de la digitalización de la Administración para su reducción y agilidad medible, más allá de la super eficiencia que demuestra en los cobros al ciudadano? En España la administración que nos controla está en el siglo XXI, pero la que nos responde está en el siglo XIX.

Solo la implantación de nuevos incentivos eficaces y eficientes produciría el cambio. En el sector privado es la competencia global la que garantiza las transformaciones, algo imposible en el sector público. En este podrían jugar ese papel la transparencia, aplicar un coste efectivo a los plazos y el pago de costas por los errores cometidos. Si Correos, como antes Amazon, nos informa de dónde se encuentran nuestros pedidos, ¿por qué no podemos conocer dónde, desde cuándo y quién tiene nuestros expedientes? Convertir la cita previa en una opción y no en una obligación y una barrera de acceso; generalizar el silencio positivo y, cuando no sea posible, establecer créditos automáticos por plazos excesivos, incluidos los tiempos procesales; establecer la condena en costas reales obligatoria cuando la Administración acuse equivocadamente. Todo es posible legalmente y debería serlo financieramente en unos Presupuestos Generales del Estado con unos créditos totales de 640.000 M €, de los que la Autoridad Fiscal Independiente afirma que hay un 10% de exceso. Los millones de euros que los ciudadanos perdemos ante esta Administración son parte esencial del estancamiento real durante más de 18 años de nuestras rentas. Dos siglos largos del Estado moderno han traído muchos derechos y beneficios al ciudadano, que no deben perderse para el ciudadano español cuando necesita hoy que alguien le responda, aclare o decida sobre muchos de sus derechos. Sí se puede.