Los sindicatos volvieron a salir a la calle el 1 de mayo y volvieron a fracasar. Hasta el diario El País reconoció que «en Madrid, la manifestación principal fue algo descafeinada». LA RAZÓN sintetizó las cosas con un escueto titular: «Pinchazo sindical». Y editorializó hablando de la precaria situación de los trabajadores en nuestro país, en contraste con unos sindicatos apesebrados al servicio del Gobierno, concluyendo: «Eso sí, la retórica decimonónica contra los empresarios, los verdaderos creadores de riqueza, no podía faltar en unas manifestaciones institucionalizadas y cada vez más ajenas a la realidad de la sociedad española, acribillada a impuestos».

En cuanto a la reducción de la jornada, fue la bandera de las manifestaciones, siendo, como tituló un editorial El Mundo, «un señuelo ideológico», que puede dañar a los trabajadores si se impone sin diálogo y al margen de la productividad. Conviene matizar, sin embargo, que todo esto le sirve al Gobierno, a Sumar y a los sindicatos, para distraer la atención del paro, la corrupción y la ineficacia de las onerosas políticas gubernamentales, que atesoran éxitos como haber dejado a oscuras la península ibérica y cuyo respaldo popular disminuye sin cesar.

Los sindicatos clamaron contra la «involución reaccionaria» y a favor de, como rezaba la pancarta en Madrid: «Proteger lo conquistado, ganar en derechos». Unai Sordo explicó: «Los derechos de los trabajadores están en riesgo. La manera de que la sociedad sea más justa, y de que las condiciones de la clase trabajadora sean mejores es profundizando en los derechos adquiridos».

Lo que parece, sin embargo, es que la involución reaccionaria, que sin duda existe, no está lejos de lo que la propia izquierda y los sindicatos defienden todo el tiempo sin hesitar. En efecto, cuando hablan de «derechos», sólo se refieren a un mayor gasto público o a una mayor coacción sobre los empresarios en particular y sobre los contratos de los ciudadanos en la sociedad civil en general.

El problema que tienen es que a los trabajadores no se les puede engañar diciéndoles que el gasto público lo pagan «los ricos», ni que la intervención política en los mercados, empezando por el de trabajo, solo perjudica a los empresarios. Son los propios trabajadores, en efecto, sus principales víctimas. No se les puede pedir que, encima, vitoreen a sus victimarios.