Jueces: nuevas oposiciones

Continúo analizando el proyecto para reformar el acceso a la Carrera Judicial. Ya he valorado hacer jueces al millar de sustitutos que, pudiendo, o no han concurrido a ninguna prueba de acceso o, incapaces, no las han superado; también he tratado la reforma del Cuarto Turno, esto es, el ingreso en la Carrera Judicial al margen de las oposiciones y ahora me centro en la reforma de las oposiciones.

Debatir sobre las oposiciones no debería tener calado «político» en sentido estricto: debería ser un debate sobre lógicas opciones de ese apartado de política judicial que es la selección de jueces. Lo mismo que hablar del Cuarto Turno porque, sin cuestionar la valía de origen de los que hayan accedido así a la Judicatura, me pregunto por qué si se mantiene esa forma de ingreso, lejos de fomentar y expandir lo que ha sido un fracaso como sistema, no se copia lo que tiene un éxito acreditado y prestigia: el ingreso por el Quinto Turno por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. ¿Por qué el Cuarto Turno no se concibe así, para atraer excelencia a los tribunales inferiores en vez de concebirlo como forma rápida de ingreso?

Pero vuelvo a las oposiciones y lo primero que chirría es que sólo se cuestionen las oposiciones juez, para lo que se acomete una iniciativa no demandada. Constato que tiene un sesgo ideológico porque la política del socialismo hispano aplicada a la Justicia –no confundir con política judicial– recela de las oposiciones: las ve como fuente de jueces conservadores, hijos de familias adineradas. Hay gentes delicadas a las que les molesta recordarlo, pero no fabulo y suelo citar aquel Programa 2000 del PSOE: no es cosa del pasado y condensa unos prejuicios que laten, y laten fuerte.

A esas almas susceptibles les recuerdo que ese Programa 2000 apelaba a la necesaria «democratización de la Administración de Justicia» y para ello planteaba ningunear o suprimir las oposiciones. ¿Para qué?, pues para «abrir el poder Judicial a las valoraciones y a los sentimientos de la sociedad, mediante fórmulas de acceso a la carrera judicial que sean permeables a la entrada en ella de estos valores». Florituras o palabrería al margen, que hubiera confiables ideológica y políticamente.

Pero el Programa 2000 fracasó. Ahora, acentuados por los sinsabores judiciales que acosan al socialismo hispano, esos prejuicios renacen y su talante más recalcitrante vuelve a la carga. Por ejemplo, sobre la extracción social de los jueces. Basta recordar las palabras del vicepresidente primero del Congreso de los Diputados: «el día que haya más hijos de obreros que hijos de jueces habrá vencido la democracia». Para quien está hecho a la demagogia, como subespecie retórica de la mentira, nada le importa lo que evidencian los estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la extracción social de los jueces.

Pero dejo las conjeturas sobre qué inspira ideológicamente la reforma y me zambullo en un debate que debería ser neutro, centrado en cuál puede ser el mejor sistema de oposiciones, algo sobre lo que hay decenas de ideas. Ahora lo que prevé el proyecto es una idea más, y lleva el sello de una asociación judicial minoritaria progubernamental. Como principal novedad sustituye uno de los dos ejercicios orales por un ejercicio práctico y escrito, una falsa «novedad» porque eso ya existió, fracasó y se abandonó. Tras esa «vieja novedad» laten los prejuicios hacia la oralidad reducida a puro memorismo porque no potencia ni evalúa aptitudes necesarias para ser juez: «no fomenta la capacidad crítica y conocimiento y sensibilidad social», nos dice el proyecto.

Sin embargo ya, ahora, los tribunales valoran la capacidad expositiva del opositor, el manejo del lenguaje, que sabe relacionar materias, conoce la jurisprudencia, etc. Y no menos chocante es que esas habilidades que se quieren constatar se adquieren durante los dos años de Escuela Judicial donde se enseña a enjuiciar, a razonar porque antes, en la oposición, se ha seleccionado a quienes demuestran saber Derecho, supliendo los escasos conocimientos que da la universidad. Se quiere volver a un ejercicio eliminatorio donde la discrecionalidad del tribunal se empleará no para valorar la capacidad de razonamiento, sino el talante del opositor y ya sabemos que suele entenderse por talante.

Sí es plausible establecer una preparación «oficial» compatible con el preparador privado, por cierto, visto por el «progresismo» como una simbiosis de demonio conservador y Al Capone. Pero esa buena idea se ensombrece por dos razones: una, por ningunear al CGPJ –órgano de gobierno judicial–, para llevar esa preparación a un organismo dependiente del Ministerio de Justicia; otra, al mezclarse con un ejercicio escrito para el que se primará a quienes lo preparen en ese Centro ministerial, con preparadores de elección ministerial que, viendo quién redacta el proyecto, cabe intuir quiénes serán. Espero que el CGPJ reaccione.