La situación

La palabra es integral

«Puigdemont dispone del control a distancia de la Abogacía del Estado, la Fiscalía, el letrado mayor de la Cámara y del Tribunal Constitucional»

El prófugo –en proceso de ser reconvertido en héroe, por decisión de Moncloa– ha conseguido un nuevo hito en el camino hacia su amnistía: colocar en el discurso político la palabra que más le interesa en este momento. Puigdemont, sabedor de que tiene entregado a Pedro Sánchez, exige la delegación «integral» de las competencias de inmigración, para que la Generalitat pueda decidir cuántos y qué inmigrantes concretos se quedan en Cataluña; y la amnistía «integral», para que ningún independentista que haya cometido delitos quede excluido del olvido judicial en el que quedarán sus ilegalidades. Todo ha de ser integral.

Al prófugo le irrita que haya jueces que hagan su trabajo. Y, sabedor de que esa irritación es compartida por el presidente del Gobierno, puede conseguir lo que desea: maniatar a quien desde los tribunales de justicia se empeñe en investigar los desafueros cometidos en nombre de la república catalana.

El señor de Waterloo –personaje que se había evaporado y desvanecido después de seis años en fuga– ha revivido gracias a la ansiedad de poder de quien no ganó las elecciones, y ahora tiene a su servicio al Gobierno y al Congreso. Por ello, dispone del control a distancia de la Abogacía del Estado, la Fiscalía, el letrado mayor de la Cámara –aunque no de los demás letrados, que todavía mantienen la cabeza alta–, y del Tribunal Constitucional, cuya mayoría fue convenientemente cincelada por Moncloa y que la semana pasada demostró sobradamente cuál es su voluntad, al desautorizar hasta tres veces en 24 horas al Tribunal Supremo.

Después, Puigdemont vio con satisfacción cómo una vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, lanzaba a los jueces acusaciones veladas de prevaricación y lawfare, matizadas después por Moncloa, pero hasta ahora no corregidas. El prófugo no podía pedir más. O sí: la disolución de la Audiencia Nacional (lo mismo que exigía ETA en los años de plomo), que se empeña en investigar si determinados hechos del proceso independentistas pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo, aplicable a Puigdemont.

Como decía una canción de Queen, «lo quiero todo y lo que quiero ya». El socio de Sánchez está en eso.