Pedir perdón a Puigdemont

Ha dicho Page que «Puigdemont no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España». Page se ha quedado solo, dentro del PSOE, a la hora de ejercer la crítica a Sánchez. De modo que los que ayer consideraban, el ex-ministro Juan Carlos Campo, que «la amnistía no cabe en la Constitución porque la amnistía es el olvido», están hoy completamente desaparecidos. No porque sea un asunto menor. Al contrario. El olvido a que se refería Campo es el olvido de lo que hicieron, del expediente procesal por el que les condenaron y de los antecedentes penales de los encausados. Algo así como reconocer que los independentistas tenían razón al rebelarse contra el Estado y que la democracia les debe pedir perdón por el daño causado.

Da igual. Pedro Sánchez está ya embarcado de lleno en la operación de legalizar la amnistía, pese a que sea ilegal. La amnistía no cabe en democracia porque en las democracias rige el estado de derecho que ampara cualquier procedimiento judicial y a quienes en ese procedimiento se pueden ver afectados. Es decir, uno es absuelto o condenado con todas las de la ley, con plenas garantías y sin la conculcación de libertades que se produce en los regímenes autoritarios. O sea: en España los golpistas del procés condenados tuvieron un juicio justo, no se conculcó ningún derecho individual e incluso en aplicación de ese derecho se permitió que huyera del país el principal responsable de la asonada. Huir de la Justicia ya debería ser por sí mismo un delito agravante en el procedimiento judicial. Pero el sistema español es tan garantista, demasiado, que puedes huir de la Justicia sin ser penalizado. No te van a caer más años por huir ni pierdes el pasaporte ni te retiran temporalmente por ello el derecho al voto o a ser elegido diputado. Garantismo extremo del que se beneficia Puigdemont, que va a volver a España sin ingresar en prisión y sin comparecer ante la Justicia si es que sale adelante la amnistía que aprobarán PSOE y Sumar con tal de conservar el Gobierno de España. Lo que equivale en realidad a decir que el sistema judicial por el que fueron condenados los sediciosos y fue perseguido Puigdemont es antidemocrático. Con el agravante de que los puigdemones pretenden, y lo conseguirán, que la amnistía afecte también a Laura Borrás, condenada por corrupción, no por el procés. Y si afecta a Borrás deberá afectar igual a la corrupción de los ERE, a Bárcenas y a cualquier político condenado por haberse corrompido. Estaremos, una vez más, ante una discriminación positiva de la clase política respecto del resto de los ciudadanos. Los políticos pueden malversar y alborotar causando una rebelión contra el sistema, mientras que usted y yo si lo hacemos seremos perseguidos y nos caerá encima el peso entero de la ley. Los políticos podrán incurrir en fraude legislativo, como lo es prestar diputados socialistas a Puigdemont para tener grupo parlamentario en el Congreso. Ellos aprueban las leyes mientras que los ciudadanos de a pie tendremos que cumplir milimétricamente cualquier normativa.

Tal es el tamaño del dislate que se va a perpetrar sin que nadie en el PSOE mueva un dedo o diga nada. Tendremos que pedir perdón a Puigdemont. Y a tragar.